Los cajeros se evaporan en la Comunidad de Madrid

De Sebastián Perea, de 46 años, se podría decir que es un hombre confiado. Es de los que piensa, sin embargo, que hay determinados asuntos que una persona debe abordar sin ayuda de nadie, por más que se tenga confianza en la buena fe de los demás. Uno de esos asuntos es sacar dinero del cajero y de paso actualizar la libreta, algo que hacía cada semana en su pueblo, Montejo de la Sierra, hasta que la única sucursal bancaria que había echó el cierre, como ha ocurrido en otros pequeños municipios de Madrid.

Sentado en una silla de ruedas eléctrica, Perea debe ahora subir trabajosamente a un autobús cada siete días para viajar hasta un pueblo cercano. Está obligado a ir siempre acompañado porque allí la acera donde está el cajero es muy estrecha y no puede circular con su silla. "Alguien tiene que venir conmigo. Le doy a esa persona mi tarjeta y mi número secreto. Me quedo mirando desde lejos sin poder hacer nada, impedido. No tengo palabras para describirle esa sensación", cuenta.

Los cambios en el sistema financiero a raíz de la crisis han provocado en la Comunidad de Madrid el cierre en los dos últimos años de 265 oficinas (de 3.201 a 2.936), según datos del Banco de España.

La red de oficinas de las cajas y bancos se extendió años atrás en Madrid con el boom inmobiliario al ritmo con el que florecían nuevos barrios y se creaban calles y plazas a las que a veces no se sabía muy bien qué nombre poner.

Se abrieron sucursales en pueblos que se llenaron de la noche a la mañana de grúas. En una avenida recién inaugurada podían instalarse varias sucursales de una misma entidad, todo con tal de atraer al mayor número de clientes que necesitasen una hipoteca.

Ahora el escenario es otro. Localidades como Montejo de la Sierra (346 habitantes) y El Boalo (6.368) sin cajeros ni oficinas después de haber tenido al menos una abierta durante 30 años.

Los Ayuntamientos afectados negocian con las cajas y bancos la manera de solucionar este problema. Las entidades explican a los políticos locales que mantener sucursales abiertas en todos los pueblos supone un gran gasto que no se pueden permitir en época de recesión.

Las Administraciones municipales llegan a ofrecer incluso un local gratis donde instalar la sucursal o al menos un espacio donde colocar un cajero, pero las compañías llegan a exigir subvenciones de entre 6.000 y 10.000 euros para recalar en la localidad. Tras meses de negociación, sobre todo tras las elecciones municipales de mayo, no se ha logrado cerrar ningún acuerdo de este tipo.Caja Madrid atendía a los clientes de Montejo los jueves durante tres horas y con eso era suficiente, según opina el alcalde, Ismael Martín, de 44 años. Acudía gente de cuatro pueblos madrileños de alrededor y otros tantos de Guadalajara. Los internos de la residencia de ancianos y de la de discapacitados, esta última es en la que vive Perea, estaban encantados de conocer semanalmente los movimientos en su cuenta. Cerró a raíz de la fusión en la que se vio inmersa la caja regional. "La gente mayor es desconfiada con el dinero. Es una edad en la que algunos se pueden aprovechar de ellos. Les gusta ir en persona y ver cuánto dinero tienen. Ahora no pueden hacerlo", lamenta Martín. Se está utilizando también una furgoneta para desplazar a la gente mayor hasta otra sucursal de Buitrago, un pueblo a 38 kilómetros de distancia por carretera.

El alcalde está haciendo gestiones con otros bancos y cajas para que instalen en Montejo al menos un cajero. "Intentamos arreglar esta situación, pero es muy difícil. Nos dicen que están recortando personal y oficinas. A un banco que se lo hemos propuesto. Nos pide que pongamos 6.000 euros por los gastos de mantenimiento. Entiendo que son tiempos difíciles, pero en este pueblo hay gente con ganado y bastante poder adquisitivo", continúa el alcalde. Le preocupa que esto también afecte a los turistas que cada año visitan el Hayedo al no tener cómo llenar su billetera.

Caja Madrid era el grupo financiero con más sedes abiertas por los pueblos de Madrid. Como consecuencia de su integración en las siete redes de las cajas que conforma Bankia se estableció un plan de disminución de capacidad del grupo, una de las exigencias del Fondo de Restauración Bancaria Ordenada (FROB). El plan de integración, a finales de junio, acumulaba el cierre de 476 oficinas por todo el país y la reducción de la plantilla era de 2.880 personas, de acuerdo a los datos facilitados por Bankia. Desde la compañía se informa de que para estudiar el cierre de una oficina se calibra el volumen de negocio, número de clientes y posibilidad de crecimiento, así como la proximidad entre oficinas y el impacto entre clientes y empleados. Con antelación al cierre, explican, se informa a los clientes de cuál es la sucursal más próxima.

La preocupación de Martín es la misma que tiene el nuevo alcalde de El Boalo, el socialista Javier de los Nietos. En febrero se anunció el cierre de la oficina, abierta en los años ochenta, y la anterior alcaldesa intentó impedirlo. Lo hacía además por un sentido práctico: el Ayuntamiento manejaba en esta sucursal toda su tesorería (domiciliación, pagos). Una vez al mando del municipio, De los Nietos ha sacado una oferta pública para que la operadora que quiera, instale un cajero en un espacio público y sin pagar nada por ello. "Abrir una sucursal a día de hoy es imposible. Nos dicen que el servicio es deficitario", resume el alcalde, "la solución que buscamos es la del cajero". La explicación que le han dado es que resulta muy costoso desplazar hasta allí un furgón blindado que lleve y traiga los fondos.

"Cambia las rutinas de la gente. Es un fastidio", resume Mercedes López, una vecina de 45 años. Por ejemplo, la tesorera tiene que desplazarse ahora una vez por semana a Cerceda, donde realiza las gestiones. Mientras, Perea, a 75 kilómetros de allí, seguramente esté en la acera de enfrente del cajero, en su silla de ruedas, viendo cómo otra persona maneja su cuenta.