Una ayuda para los más desfavorecidos

El Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (conocido como la PIRMI, o simplemente RMI) se crea en 1997 como una prestación dirigida a los ciudadanos con más problemas económicos para que pudieran sobrevivir y facilitar su reinserción social y laboral. Con la crisis, la RMI ha sido el refugio de muchas personas que han agotado su prestación de paro y quieren reengancharse al mercado laboral. Las entidades sociales reclamaban un cambio que hiciera más ágil la RMI, y separara los casos de crisis laboral a las personas con problemas sociales. Ahora denuncian que las modificaciones introducidas por el Gobierno sin consenso suponen un cambio de modelo y recortan la RMI.

- ¿Quién recibe la RMI? La Generalitat tiene abiertos 34.000 expedientes de preceptores de la renta, una partida a la que dedicará, en 2011, 130 millones de euros, 30 más que el año anterior. Cada expediente puede beneficiar a más de una persona, ya que el titular tiene derecho a complementos en función de su situación personal. Los últimos datos completos de la Generalitat son de 2009. Según esas cifras, cada expediente beneficia a una media de 3,25 personas. Por tanto, unas 110.000 personas estarían ligadas a la RMI en este momento. El 42% de los preceptores son extranjeros.

- ¿Qué obligaciones deben cumplir? Los destinatarios están obligados a seguir un convenio de inserción laboral o social y a no renunciar a ninguna oferta de trabajo. Mientras reciben la RMI, los receptores y sus familiares beneficiados tienen prohibida la mendicidad. Los beneficiarios no pueden recibir ninguna ayuda que sobrepase la renta.

- ¿Cuánto dinero reciben? El importe mensual de la prestación básica es, este 2011, de 423,70 euros. Por cada miembro adicional de la unidad familiar 55,29 euros, y 35,59 euros a partir del cuarto. También hay ayudas por hijos menores de 16 años, por hijos con disminución y por ayuda a la hospitalización.

- ¿Qué cambios ha introducido el Gobierno? En la ley de medidas fiscales y financieras, el Gobierno ha introducido tres cambios básicos: ha limitado la percepción de la renta un máximo de cinco años; cada unidad familiar no podrá recibir más que el salario mínimo interprofesional (641 euros), y los inmigrantes tendrán que acreditar como mínimo dos años de residencia continuada en Cataluña para cobrar la prestación. La reforma refuerza la función laboral de la ayuda frente a la social.