Reino Unido acepta la copia privada

No podemos alabar las innovaciones tecnológicas y, a la vez, prohibir su uso al ciudadano que las compra. Con este argumento, el Gobierno británico ha anunciado una sacudida a las leyes que rigen el orbe digital, particularmente a las referidas a la protección de la propiedad intelectual.

De entrada, romperá con la tradición anglosajona y permitirá la copia privada, que está aceptada en el derecho continental, España entre ellos. Se trata de que quien es legítimo poseedor de una obra puede obtener una copia para su uso personal (por ejemplo, grabar la canción en un CD para escucharla en el coche). La admisión de la copia privada, en la medida en que puede suponer una merma de ingresos al autor de la obra, va acompañada en Europa de una compensación, el canon digital, que pagan los clientes que compran soportes de almacenamiento o grabación o el Estado. Pero no parece que las autoridades británicas vayan a introducir un canon. En el documento donde presentan sus reflexiones se afirma que el daño a los titulares de derechos, que se traduciría en una "indemnización justa", según la legislación comunitaria, es mínimo y el monto de la compensación equitativa prevista sería cero. Para el abogado Javier de la Cueva, sin embargo, el Gobierno deberá fijar una compensación para cumplir con la directiva europea. Otra cosa, dice, es la solución que se adopte.

Las autoridades no se plantean un canon digital para compensar al autor

Por el contrario, al abogado Josep Jover, que llevó el caso de la tienda Padawan ante el tribunal de Luxemburgo y que supuso un severo correctivo al canon digital español, no le sorprende la postura británica, porque en su respuesta a la consulta que les hizo el citado tribunal ya manifestaron esta opinión y pusieron en duda la dimensión del daño causado. Para Jover, la copia privada se puede equiparar a la copia de seguridad de los programas informáticos, que no implica compensación.

Las autoridades británicas también han abandonado la idea de una ley que imponga el bloqueo de los sitios que vulneren los derechos de autor. No porque vayan a permitirlo, sino porque esperan que la industria de los contenidos y los operadores pacten una fórmula que, pasando por la instancia judicial, permita una persecución ágil de los mismos. La orden judicial que la semana pasada obligó a BT a bloquear un sitio de enlaces a instancias de Hollywood les parece ejemplar. La industria británica del cine y la música ha mostrado su descontento por estas reflexiones.

Para Jover, la cultura anglosajona es muy estricta en la fijación de la cuantía de los daños. "La ley Sinde, ante la evidencia de que no puede perseguir los sitios de enlaces por la vía penal, ha optado por la vía administrativa, porque en la jurisdicción civil se debería probar con exactitud el daño causado". El Gobierno británico anuncia para 2012 un sistema parecido al francés para perseguir a los internautas que descarguen obras protegidas, basado en una serie de avisos para que desistan de su conducta antes de castigarla. El Gobierno prevé que el internauta pague 20 libras (23 euros) si quiere responder a los avisos para defenderse. Ello, dicen, evitará recursos sin fundamento y el dinero se devolverá a quien sea inocente.

Para De la Cueva, el Gobierno está repensando la propiedad intelectual aunque olvida a un interlocutor, el mundo de la cultura, y solo escucha a la industria. Destaca que la reforma busca soluciones a las obras huérfanas, cuyo autor se desconoce y que están fuera del mercado porque no se sabe quién detenta los derechos. Subraya que la Administración supervisará los litigios por patentes de menor cuantía para conocer el alcance del problema y ha decidido que sea la industria quien pague el coste de rastrear e identificar las direcciones de Internet sospechosas. Ahora el 25% corre a cargo de la operadora.