Rover y un Gobierno "terminal"

El diputado general alavés, el popular Javier de Andrés, se estrenó ayer como portavoz de su Gobierno criticando la "decisión unilateral" tomada por el Ejecutivo central de iniciar el procedimiento de cobro de la deuda del caso Rover, la devolución de 435 millones de euros que Euskadi debe afrontar por el IVA de la importación de vehículos de esa marca entre 1990 y 2005.

"Lo que sucede es que estamos ante un Gobierno en fase terminal", en referencia al de Zapatero, "que ha decidido tomar una decisión sin consultar a la otra parte y contraviniendo la forma de trabajo ordinaria y adecuada entre Gobierno central y Administraciones vascas", recalcó De Andrés.

El diputado general se refirió así al cobro de 24 millones de euros de los 435 que las instituciones vascas deberían devolver al Estado si el Tribunal Constitucional no termina fallando a su favor tras el recurso interpuesto por el anterior Gobierno foral. "Nadie se había negado a hacer el pago que corresponde conforme a los tribunales", por lo que "lo razonable es que este se realice fruto de un acuerdo", razonó.

De Andrés critica la "decisión unilateral" adoptada por el Ejecutivo central

Respeto a la opinión que se menja en Hacienda de que esta forma de proceder podría resultar "ilegal", De Andrés consideró que aludiría a que no se ha seguido la forma de trabajo para los acuerdos entre las Haciendas vascas y la central, porque "se quiere retraer del Cupo una cantidad que no es vía Cupo, sino que se trata de una decisión ajena a estas transferencias".

En todo caso, recordó que el Ejecutivo autónomo está manteniendo conversaciones con el Ministerio de Economía, por ahora sin fruto, aunque "mantiene tesón" para conseguir un acuerdo, por lo que "no es cuestión de tirar la toalla en este momento". "Vamos a esperar a que haya un acuerdo. El Gobierno central cambiará dentro de este ejercicio 2011 y esperamos que el acuerdo que no ha sido posible hasta ahora lo sea", afirmó en alusión a la posible llegada de Rajoy a La Moncloa.

La Diputación espera tener esta misma semana en sus manos un informe sobre la situación económica en que se haya la institución. De Andrés explicó que, a las dificultades económicas propias de un presupuesto ya recortado, se añade el descenso de la recaudación en un 9% con respecto a lo estimado en 2010, y la devolución de los 22 millones que le tocan del caso Rover. Si el recurso al Constitucional no prospera, Álava insistirá en poder fraccionar el pago.