Ofensiva del Consell por la suspensión de la ley de custodia compartida

"Si se pretende mutilar nuestro derecho foral civil, no vamos a permitirlo", sentenció ayer el consejero de Gobernación, Serafín Castellano ante la prensa tras anunciar que el Consell recurrirá la suspensión de la ley valenciana de custodia compartida ante el Constitucional. El alto tribunal suspendió la vigencia y aplicación de la ley de custodia compartida el pasado 26 de julio, una semana después de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno al considerar invadidas sus competencias en materia de legislación civil.

Castellano anunció que el próximo mes de septiembre presentará sus alegaciones al recurso y exigió el alzamiento "inmediato" de la suspensión cautelar de manera que la ley pueda seguir aplicándose mientras los magistrados deciden su futuro.

La Generalitat exige el alzamiento inmediato de la suspensión de la ley

El consejero explicó que, tras estudiar el recurso del Gobierno, la Generalitat presentará su escrito de oposición "en tiempo y forma". El plazo finaliza el próximo 19 de septiembre pero Castellano señaló el 29 del mismo mes, en que se agotaría el periodo de prórroga de 10 días que "se suele pedir de oficio", argumentó.

Castellano añadió que también ha tomado la decisión de solicitar una reunión urgente de la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la Generalitat para intentar llegar a un acuerdo "si puede ser en agosto, mejor", insistió Castellano.

El consejero de Gobernación retomó el discurso de la discriminación al asegurar que la decisión del Gobierno "se basa en excusas que son más políticas que jurídicas" y recordó que Aragón y Cataluña aprobaron leyes similares cuando tenían Gobiernos socialistas y que éstas no fueron recurridas.

La ley -denominada oficialmente de Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no Conviven- prioriza la custodia compartida a falta de acuerdo entre los progenitores, en contra de lo establecido por el Código Civil, que la reserva para casos excepcionales.

El Colegio de Abogados de Valencia advirtió, durante la redacción de la ley, de la "dudosa competencia de las Cortes para legislar en esta materia". La Generalitat, que considera que la ley tiene un fuerte respaldo social, se acogía a la potestad que da el Estatuto de Autonomía para ampliar derechos basados en el derecho foral. Pero el Gobierno central considera que Valencia no tiene antecedentes en su legislación foral en esta materia como es el caso de Aragón, Cataluña y Navarra.