La policía de la policía

Un chaleco reflectante de color naranja con un gran ojo abierto los distingue del resto de vecinos. Desde el 10 de diciembre de 2009 salen, en grupos de cuatro como mínimo, una media de una vez cada cuatro días. Son las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, un colectivo de voluntarios que tiene su origen en las asociaciones que promueven la resistencia social. Desde hace un año y medio recorren las calles de la capital para "observar y documentar" los controles policiales de identificación que, según aseguran, "se fundamentan en la apariencia física de las personas".

Tras la salida, la cuadrilla plasma en actas los casos que han presenciado. "En el momento de nuestro encuentro con la policía se está procediendo a una nueva identificación. Un joven con rasgos latinos e identificado con NIE es retenido alrededor de 10 minutos", señalan en una crónica del pasado 4 de abril.

Las brigadas actúan principalmente en avenida de América, Oporto y Lavapiés

La información de estas 113 actas -tantas como salidas- se ha resumido por primera vez en un documento que se presentó ayer y que acusa a la policía de llevar a cabo dispositivos de identificación selectiva en función de los rasgos étnicos. Una práctica "ilegal y discriminatoria", incide el colectivo, que afecta sobre todo a hombres jóvenes con un "fenotipo no europeo", según los testimonios del documento que carece de validez estadística y pretende dar una "visión de contexto".

El intercambiador de la avenida de América, la plaza de Oporto (Carabanchel) o el barrio de Lavapiés concentran su radio de acción, aunque también transitan por la estación de Méndez Álvaro o las inmediaciones de Moncloa y Príncipe Pío. "Elegimos el lugar en base a los avisos que recibimos alertando de la presencia de redadas, al contacto con los vecinos y también tenemos en cuenta que la zona les venga bien a los participantes", informa una portavoz de este grupo de vigilancia a la actuación policial. "No vamos a la caza del control, pero si nos lo encontramos, como ocurre en más del 40% de los casos, nos acercamos y observamos qué pasa".

El diálogo con los vecinos es otra de las labores fundamentales del colectivo. Reparten también trípticos que recuerdan los "derechos básicos en caso de detención por la policía en un control de comprobación de identidad", como la solicitud de un traductor, de un abogado o la posibilidad de negarse a declarar o a responder a determinadas preguntas.

Para formar parte de este "heterogéneo" grupo, que comparte con el 15-M la estructura asamblearia y la inexistencia de portavoces o representantes, hace falta cursar un taller de un día. Una formación básica y exprés para conocerse, aprender las bases legales que amparan la labor de las brigadas, familiarizarse con su modo de actuación y reflexionar sobre la recuperación de la calle como espacio de denuncia.

A pesar de las quejas del colectivo, el Ministerio del Interior ha negado en varias ocasiones la supuesta detención indiscriminada a inmigrantes en situación irregular. La última vez fue en junio por parte del entonces secretario de Estado de Seguridad y desde el 11 de julio ministro del Interior, Antonio Camacho.

Los pasados 5 y 12 de julio en Lavapiés, cientos de vecinos se encararon contra la policía que estaba realizando dos detenciones: una, por un altercado en el metro, y otra por un supuesto trapicheo de droga. Estos vecinos les acusaron de llevar a cabo "redadas racistas". Las brigadas reconocieron la implicación del 15-M en las dos protestas, aunque hicieron hincapié en los 214 avisos que han recibido desde que empezaron a patrullar las calles.