Las Administraciones públicas deben a la CAM 1.114 millones de euros

Caja Mediterráneo (CAM) no solo fue una financiera a bajo interés de sus propios consejeros o miembros de la comisión de control, a quienes prestó en los últimos seis años 161 millones de euros. Las Administraciones públicas valencianas: Generalitat, Diputación, Ayuntamientos y sus empresas debían a la CAM a 31 de marzo de este año 1.114 millones de euros.

La asfixia presupuestaria en la que viven instaladas ha provocado que esta cifra no pare de crecer. Mientras en el crédito a la clientela (50.849 millones en total) la CAM tenía a finales de 2010 préstamos en situación normal por 1.008 millones de euros con Administraciones públicas, en el primer trimestre de 2011 esta cifra creció 106 millones, hasta los 1.114. Lo curioso es que aun tratándose de dinero público, 2,4 millones están anotados como activos dudosos.

La caja opera en un paraíso fiscal del Caribe, donde vende deuda

Los consejeros tienen préstamos vivos por 114 millones de euros

En la CAM todas las decisiones referidas a la concesión de préstamos estaban delegadas en el director general. Su presidente, Modesto Crespo, únicamente podría otorgar la concesión, mancomunadamente con la dirección general, de préstamos, créditos y avales por razones de urgencia, tanto al sector público como al privado.

Roberto López Abad, y desde noviembre hasta hoy María Dolores Amorós, los dos últimos directores generales, recibieron la delegación del consejo de administración en materia de préstamos, clasificaciones y avales, tesorería e inversiones institucionales, estando facultados para aprobar sin límite de cuantía cualquier operación de tesorería, de créditos sindicados, en el mercado de valores o de inversión institucional en general. Es decir, pudieron actuar sin control.

El presidente de la caja apenas atesoraba las facultades de nombrar administradores y la fijación de las retribuciones del personal directivo de la entidad. Los estatutos de la CAM fijan que el director general es el primer jefe administrativo de la institución, con el mayor rango y categoría, teniendo a su cargo la gerencia.

El cargo de gerente otorgado a López Abad o Amorós les permitió asumir la delegación para la ejecución de los presupuestos generales anuales. Incluso estaban facultados para realizar compras, gastos y demás actos "hasta el límite fijado en cada momento".

Esto quiere decir que la dirección general de la CAM fue la responsable de su política expansiva en el sector inmobiliario, no solo en el apartado crediticio, sino también en la compra y creación de empresas del sector y en la toma de participaciones en mercantiles dedicadas a la promoción. El valor otorgado en la auditoría de 2010 al total de las participaciones empresariales directas e indirectas de la caja era de 1.700 millones de euros, repartidos en el capital social de 119 empresas, de las que 52, es decir, el 43%, eran firmas vinculadas al sector inmobiliario.

Ocho de las mercantiles participadas por la CAM para operar en el sector del ladrillo tienen su domicilio fiscal en el extranjero. Hansa Cabo, SA; Hotelera HM, SA; Aqua Mayacoba, SA y Grupo Azul Caribe operan en México. Balam Overseas, en Holanda; Grupo Inversiones y Promociones El Almendro, en Costa Rica; Tremon Maroc Services Inmobiliers en Marruecos y Prat Spolka en Polonia.

Pero las sociedades de la CAM fuera de España no únicamente tenían el objeto final de financiar proyectos residenciales y hoteleros. La caja también dispone de empresas en Holanda para la gestión de su cartera e incluso de otra, CAM Global Finance, radicada en un paraíso fiscal, la isla Gran Caimán del Caribe. Con esta mercantil, y otras en el mismo lugar que ya no están operativas, se ha dedicado a la emisión de deuda ordinaria o subordinada. Es decir, a obtener dinero para financiarse en un paraíso fiscal.

Uno de los problemas que ahora arrastra la CAM es el vencimiento anual de una parte su deuda en cédulas hipotecarias. Sin ir más lejos, este ejercicio le vencen tres de ellas por un importe conjunto de casi 950 millones de euros, de los que todavía no ha devuelto 225. El año que viene le vencen otros 827 millones y en 2013 tendrá que hacer frente a 1.196 millones más.

Pero los activos financieros de la cartera de inversiones crediticias que estarían vencidas o que se habrían deteriorado en el ejercicio 2010 si no se hubieran renegociado sus condiciones alcanzan los 2.110 millones de euros. Con esa novación, la CAM ha podido incluir en el epígrafe de pérdidas por deterioro de activos financieros solo 199 millones de euros.

Esa misma cantidad, 199 millones, fue la que la caja alicantina cobró en comisiones a sus clientes. Por mucho que parezca una operación reduccionista, y dado que el beneficio declarado en el pasado ejercicio fue de 223 millones, descontando las comisiones cobradas por diferentes conceptos, la CAM habría ganado 24 millones de euros. La realidad es que hoy la gran mayoría de su negocio procede de cobrar comisiones por prácticamente cualquier cosa.

Mientras, la entidad invirtió en 2010 por gastos de representación y desplazamiento del personal 5.374.000 euros y casi 7,3 millones en gastos judiciales y de letrados e informes técnicos, que en 2009 no había llegado a dos millones.

Pero no todos los problemas de la CAM provienen del apalancamiento de la caja con los promotores inmobiliarios. De hecho, según fuentes consultadas, el grupo Cívica de Enrique Ortiz solo tiene 55 millones en dos créditos vivos, unos de ellos a largo plazo, mientras el promotor dispone de depósitos que alcanzan los 50 millones. A 31 de diciembre de 2010, la CAM tenía créditos vivos con los miembros del consejo de administración y de la comisión de control por importe de 114 millones de euros, es decir, el doble que con Ortiz.