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Parón en el proceso judical del incendio de L'Alcalatén

Los afectados achacan la situación al "poder de Iberdrola"

El próximo 28 de agosto se cumplen cuatro años del incendio que asoló la comarca de L'Alcalatén en Castellón, arrasando 5.775 hectáreas de seis términos municipales. Al poco de quedar extinguido el siniestro arrancó el proceso judicial que ha acabado con la imputación de la empresa Iberdrola y de su subcontrata Montelpa, como supuestos causantes de las llamas y posibles responsables del pago de indemnizaciones millonarias. El caso lleva más de nueve meses paralizado en el juzgado número 2 de Castellón, según denuncia el portavoz de los afectados, Pedro Gozalbo, quien sospecha que "el poder" de Iberdrola tiene que ver en el retraso.

Según el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado elaborado por la titular del juzgado número dos de Castellón en junio del año pasado, el incendio se produjo cuando cuatro operarios de Montelpa, empresa subcontratada por Iberdrola, estaban desmontando una torre de alta tensión en Les Useres el 28 de agosto de 2007 con temperaturas de 40 grados y fuertes vientos de poniente. Emplearon una sierra radial en los trabajos y las chispas prendieron en la vegetación, provocando el incendio.

El fuego arrasó 5.775 hectáreas de seis pueblos en 2007

La juez explicó que ni Montelpa ni Iberdrola solicitaron el preceptivo permiso de la Generalitat para realizar la operación, y que las medidas de seguridad para evitar un incendio forestal y su posterior propagación eran "inexistentes". Dejó el caso listo para la calificación de las partes y la celebración del juicio oral. La fiscalía reclamó entonces la práctica de algunas diligencias más para conocer, entre otros aspectos, el número de cultivos afectados, pero la investigación "está paralizada" según Gozalbo, cuyo colectivo está personado en la causa como acusación particular.

Por otra parte, en septiembre concluye la última prórroga dada por el Gobierno para que la Generalitat u otra Administración destine los tres millones de euros necesarios para que puedan gastarse los otros tres que el Ejecutivo central ya ingresó en 2008 en una cuenta de la Diputación de Castellón para ayudar a los afectados, según estableció el decreto de medidas urgentes para paliar el efecto del incendio. Si nadie aporta el dinero, la subvención se perderá y cinco de las seis localidades que sufrieron el fuego (Les Useres, Figueroles, Adzaneta, Costur y Llucena), carecen de los recursos suficientes para complementar las ayudas. Solo L'Alcora ha podido gastar su parte. La Diputación de Castellón, con Carlos Fabra de presidente, anunció que tenía el compromiso del entonces vicepresidente del Consell Vicente Rambla para proceder al pago. Pero el Consell se negó, con el argumento de que ya había invertido esa cantidad en reforestación y ayudas a la agricultura, lo que niegan los municipios afectados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de julio de 2011