La tara de la informalidad
Desde hace más de dos décadas, Latinoamérica ha venido de menos a más. Más allá de los aspectos cíclicos, los países muestran una mayor sostenibilidad en el crecimiento. Sin embargo, este mejor desempeño ha impactado poco en la reducción de la economía informal, lo que limita su potencial.
Podemos entender la informalidad como el conjunto de actividades realizadas al margen del Estado. Tomando la metodología de Schneider, que nos permite realizar comparaciones entre 162 países, encontramos que Latinoamérica supera a la media, registrando un estimado de 44% de informalidad respecto al 36% del total. Países como Bolivia y Perú registran tasas del 70% y el 66%, respectivamente. ¿Por qué es esto un problema? La persistencia de una proporción alta de la economía en estas condiciones guarda una relación endógena con problemas de desigualdad, pobreza absoluta y protección social. Esto limita la calidad y efectividad del Estado, lo que afecta a su poder recaudatorio y a su presencia. Asimismo, condiciona la efectividad de las políticas macro, obstruye la potencialidad de desarrollo, frena la productividad a través de una menor eficiencia en el uso de los factores y limita el acceso al financiamiento de las pequeñas empresas.
La economía sumergida ronda el 44% en Latinoamérica, frente al 36% de media global
Los factores que explican la informalidad son multidimensionales. Si bien el crecimiento económico es relevante, su impacto depende del entramado microeconómico e institucional. Factores como el clima de negocios, la sobrerregulación, políticas de Estado (por ejemplo, educación) y el mercado laboral se convierten en condicionantes. En el plano laboral, por ejemplo, hay estudios que resaltan las dificultades impuestas por las leyes para ajustar el factor trabajo ante los cambios cíclicos, lo que desalienta la contratación, eleva la tasa de desempleo natural y retroalimenta al mundo informal.
¿Qué hacer para reducirla? La tarea es titánica, con varias sendas y con impactos no inmediatos. Una de las líneas de acción recomendadas va en identificar aquellos aspectos relacionados a procesos ineficientes de gestión (elevada burocracia), aunque grandes avances en este ámbito requerirán de recursos que los países con alta informalidad no pueden generar, debido a la elevada evasión fiscal. En ese sentido, no se debe descuidar la búsqueda de estructuras impositivas más eficientes y la mejora del cumplimiento fiscal. Ya con mayores recursos, se puede aspirar a mayores mejoras en la calidad del Estado.
Y no podemos olvidarnos de reducir las distorsiones en los mercados laborales. El problema más complicado aquí es el de economía política, pues implica modificar situaciones de confort de determinados grupos. En general, los responsables de los Gobiernos deberán buscar espacios para mitigar los efectos de medidas impopulares. Y al final del todo, ir gestando un círculo virtuoso de variables que refuercen el vínculo entre el Estado y la sociedad, que redunden en un mayor desarrollo y en un futuro realmente prometedor para Latinoamérica.
David Tuesta es economista de BBVA Research.
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