El PP retoma la guerra del agua
Los populares relanzan el mensaje a favor del trasvase del Ebro y el cambio de toma del Júcar-Vinalopó en un acto en Monforte
Lo advirtió Maritina Hernández, la nueva consejera de Agua. "Comenzamos la nueva legislatura con otro conflicto", dijo para referirse a los documentos de trabajo de la Confederación Hidrográfica del Júcar que contemplan 18.000 hectáreas menos de regadío en las comarcas del Vinalopó y L'Alacantí en el futuro plan de la cuenca. "El problema es mucho más serio que eliminar 18.000 hectáreas; es no reconocer el déficit hídrico para evitar aportes externos que quieren decir trasvases", añadió. La intervención de Hernández dejó claro que vuelve a tener vigencia una de las señas de identidad del Consell: la reivindicación de los trasvases de agua.
El PP convocó ayer un acto en Monforte del Cid para retomar la senda de la reivindicación del trasvase del Ebro y la toma de agua original desde Cortes de Pallás para la transferencia del Júcar al Vinalopó. El auditorio municipal de Monforte se llenó de cargos populares en un acto considerado por el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, como el arranque de una nueva campaña informativa apoyada por la Fundación Agua y Progreso.
Los agricultores protestan contra la supresión de hectáreas de regadío
Porque los arietes son los mismos. Martínez al frente de la convocatoria y liderando a los regantes de la principal zona geográfica afectada; el Consell, ayer representado en el acto por Maritina Hernández y José Ciscar, consejero de Educación, y las instituciones. A Monforte también acudieron el presidente de las Cortes, Juan Cotino, y la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, que ha tomado el relevo de su difunto marido, el consejero José Ramón García Antón, para liderar una nueva etapa reivindicativa en torno al agua ante el Gobierno central.
Junto a los regantes del Vinalopó convocó el acto el Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, una entidad comarcal de la que forma parte la Diputación alicantina, pero también la Confederación del Júcar y siete Ayuntamientos del PP y PSPV. En su representación acudió Francisco de Santiago, funcionario jubilado del Consistorio de Benidorm, al que nombró asesor el expresidente provincial José Joaquín Ripoll y que aún figura en el organigrama del consorcio como director técnico.Al acto de Monforte acudieron unas 400 personas, la mayoría de los alcaldes de los 39 Ayuntamientos afectados del Vinalopó y L'Alacantí, entre ellos las regidoras de Elche, Mercedes Alonso, y Novelda, Milagrosa Martínez, además de Consistorios como Caudete o Almansa, de la provincia de Albacete.
En representación del PSPV hicieron acto de presencia para prestar su apoyo a los regantes el portavoz del partido en la Diputación, Alejandro Soler, y la secretaria provincial, Ana Barceló, quien había garantizado previamente "la predisposición absoluta y sin matices de los socialistas para defender los actuales derechos de riego de los agricultores alicantinos y el mantenimiento de la superficie de regadío en la provincia". Ambos estuvieron acompañados por Vicenta Crespo, la diputada portavoz de Agua en las Cortes.
La alocución del presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana, Benjamín Aparicio, se erigió en la más contundente contra la política hídrica del Gobierno. Así, desempolvó la exigencia de trasvases: "Nos quitaron el agua del Ebro con alevosía y nocturnidad para gobernar España y Cataluña". Lo dijo sin citar en ningún momento al PSOE, que derogó la transferencia cuando asumió el Gobierno en 2004. Y añadió: "No nos hace falta la solidaridad de nadie porque no le robamos el agua a nadie". Aparicio tiró de demagogia para reclamar el agua que el Ebro vierte al mar en la desembocadura y al asegurar que el trasvase crearía 500.000 empleos, ya que, según él, el canal del Tajo-Segura ha creado ya 200.000, aunque acabó contradiciéndose cuando abogó por "recuperar la cultura milenaria del agua basada en la escasez".
La justificación del acto en defensa del agua y el empleo del Vinalopó-Alacantí la encontraron los convocantes en la supuesta pretensión de la CHJ de rebajar de 48.402 a 30.487 hectáreas la superficie de regadío en la zona. Según sostienen los regantes, las 18.000 hectáreas que se caen del futuro Plan Hidrológico del Júcar supondrían la pérdida de 35.000 puestos de trabajo, 6.000 de ellos directos. Sin embargo, la CHJ no las incluye en los documentos de trabajo, que, por otra parte, son conocidos desde el año pasado, porque esos campos actualmente no se cultivan. Pero el PP y los regantes insisten en que cada media hectárea de regadío sustenta un puesto de trabajo en el Vinalopó y L'Alacantí que se perdería. Además, auguran unas pérdidas de 540 millones de euros en obras de modernización y de 11.000 millones de euros de lucro cesante durante los próximos 50 años, lo que otorgaría una rentabilidad de 12.000 euros por hectárea y año. Cifras que en su conjunto convertirían el suelo agrícola de estas comarcas alicantinas en uno de los más rentables de España.
La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, puso de relieve que dar el visto bueno al nuevo plan de cuenca supondría aceptar una política del agua con la que no comulgan y consideró que "no se ha escuchado lo suficiente a los regantes". "Hoy es la comarca del Vinalopó, pero mañana puede ser el Tajo-Segura o el trasvase del Ebro" los que generen conflicto, aseguró Pastor, que pidió consenso para resolver los problemas.
El acto incluyó la lectura de un manifiesto que, más allá de la negativa a la supresión de las 18.000 hectáreas de regadío, incluye la petición a la CHJ de fijar la demanda de agua con los mismos criterios para todas las demarcaciones y el reconocimiento del déficit hídrico estructural de la zona. Además, incluye la petición de que el agua del trasvase Júcar-Vinalopó sirva para todos los usos.
