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La oposición clama por que dimita Camps

Alarte pide un pleno extraordinario en las Cortes y dice que facilitará al PP la salida del presidente - EU convoca la primera protesta ciudadana nada más difundirse que el jefe del Consell será juzgado

La oposición al completo en las Cortes Valencianas exigió ayer la dimisión de Francisco Camps como presidente de la Generalitat. Lo que se presumía desde hacía semanas se confirmó con el auto del magistrado José Flors, que sienta en el banquillo de los acusados a Camps por un supuesto delito de cohecho por el caso de los trajes. La gravedad de la crisis institucional -Camps será, tras el presidente de Cantabria Juan Hormaechea, el segundo en sentarse en un banquillo si no dimite antes- provocó a las pocas horas la primera protesta ciudadana.

Esquerra Unida del País Valencià reunió por la tarde a más de un centenar de personas frente al Palau de la Generalitat. La coordinadora general de EU, Marga Sanz, el también diputado Ignacio Blanco, el portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, y otros militantes exhibieron una pancarta en la que se exigía la dimisión del jefe del Consell. Los concentrados corearon gritos de "el president a Picassent" y pidieron la dimisión inmediata de Camps por los trajes que supuestamente le regaló la trama corrupta Gürtel. Dos de los manifestantes, veteranos de las asambleas del Movimiento 15-M, leyeron un comunicado en el que criticaron las "mentiras" del jefe del Consell. "Exigimos la inmediata dimisión del presidente de la Generalitat y de todos los imputados que forman parte de las instituciones valencianas. Queremos dejar de sentir vergüenza de sentirnos valencianos" concluyeron. La concentración se mantuvo un rato, los gritos se prolongaron y al final apareció un maniquí con un traje colgando.

Rubalcaba y Blanco instan al líder estatal del PP a pronunciarse

Los principales cargos nacionales del PP evitan pronunciarse

El juez Garzón dice que "todos somos iguales ante la ley y hay que responder"

En un tono más institucional, pero igual de contundente, se pronunció el líder de los socialistas valencianos y portavoz parlamentario, Jorge Alarte, tras conocer el auto del juez Flors. "Es un auto definitivo, contra el que no hay recurso, por lo que ya no cabe decir que no sabe nada, no lo ha leído o no le gusta", dijo Alarte, que exigió la renuncia del presidente valenciano y emplazó al líder nacional del PP, Mariano Rajoy, a aclarar si seguirá avalándolo o le suspenderá de militancia.

De momento, los socialistas han solicitado la convocatoria urgente de un pleno en las Cortes Valencianas, para que Camps explique cómo hará frente a la acusación de cohecho. Y si de facilidades se trata, agregó Alarte, los socialistas se ofrecen al PP para que elijan un nuevo presidente de la Generalitat. "El PP debe poner al frente a un ciudadano honrado", enfatizó el portavoz socialista, que insistió en que los valencianos no se merecen un presidente que va a ser juzgado por la comisión de un delito.

La posición de Alarte contrastó con la prudencia del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la del portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, que evitaron comentar la situación de Camps y exigieron al líder nacional del PP, Mariano Rajoy, que se pronuncie sobre el escándalo judicial del presidente valenciano. Fueron más contundentes los distintos dirigentes territoriales del PSOE que reclamaron la renuncia del presidente de la Generalitat.

El principal partido de la oposición en las Cortes insistió, tras conocer el auto del juez Flors, en que hay indicios suficientes de que el presidente y el resto de imputados recibieron regalos de la trama Gürtel. "Correa y Álvaro Pérez entregaban regalos que el presidente aceptaba". El objetivo, según Alarte, era influir para conseguir contratos de la Generalitat. "Los valencianos necesitan un presidente y un Gobierno que no piensen en el día que lo van a juzgar sino que se dediquen a mejorar el futuro de todos los ciudadanos", subrayó.

Alarte se despidió con una advertencia al líder nacional de los populares: "El señor Rajoy se juega su crédito ante toda España. Si gana las elecciones, ¿está dispuesto a nombrar a cualquiera de estos señores [los imputados] como ministros?", lanzó al aire."Rajoy se juega su credibilidad y tiene la responsabilidad de decir que está estudiando el auto y de tomar decisiones inmediatamente", reiteró Jorge Alarte. El secretario general de los socialistas valencianos, que compareció acompañado de Ángel Luna y otros dirigentes del partido, recordó que son "muchos los jueces que han tomado esta decisión. Lo hizo el Tribunal Supremo y lo ha hecho el TSJ en pleno en varias ocasiones".

Por parte de Compromís, fue la diputada Mònica Oltra quien reclamó al presidente del PP, Mariano Rajoy, que destituya a Francisco Camps al frente del PP valenciano y lo haga dimitir como presidente de la Generalitat. "Y si se niega, que presenten una moción de censura [en relación a los populares valencianos" para que deje la dirección el Consell.

La apertura de juicio contra Camps es "una situación de emergencia democrática" y el PP "no puede taponar la salida lógica a este asunto manteniendo a Francisco Camps en su cargo". Oltra comentó que la jornada de ayer fue "una crónica anunciada, puesto que las evidencias eran abundantes y contudentes, y no solo por el tema de los trajes,sino también por la causa de financiación ilegal del Partido Popular, aunque finalmente se juzgue por separado".

La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, insistió en que Camps debía hacer "hoy mismo [por ayer] su carta de dimisión". "También exigimos a Rajoy que rompa su silencio cómplice y haga cumplir a su partido el código ético que tan ligeramente firmaron hace unos meses", continuó, "es la hora de cumplirlo y de apartar a Camps y a todos los imputados e implicados en casos de corrupción". En Madrid, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares pidió al presidente valenciano que "busque, en algún bolsillo de los trajes que sí se haya pagado, algún resto de honestidad política, anuncie que se marcha y no someta a la sociedad valenciana a la vergüenza de ver al máximo representante de su Gobierno sentado en el banquillo".

Y mientras la oposición clamaba por la dimisión del presidente valenciano, el PP optó por modular su respuesta. En Génova dejaron que el presidente valenciano asumiese su propia defensa. Ningún dirigente del equipo de Mariano Rajoy quiso hacer declaraciones públicamente en favor de Camps, aunque sí en privado, pese a que el jefe del Consell conversó telefónicamente con Mariano Rajoy y con Federico Trillo, entre otros. Tampoco lo hizo ninguno de los principales cargos del PP. Javier Arenas o Mayor Oreja, entre otros, declinaron pronunciarse.

En Valencia, las primeras reacciones fueron prudentes, aunque dejaron claro que el jefe del Consell no tiene intención de abandonar su cargo aunque el juicio acabe en condena. Tanto la consejera portavoz, Lola Johnson, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, recurrieron al resultado electoral del pasado 22 de mayo para justificar la decisión del presidente de permanecer en el puesto pese a la decisión del TSJ.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, compareció a última hora de la mañana para respaldar al presidente de la Generalitat. Admitió que había hablado con Camps pasado el mediodía y que este le había transmitido su "disgusto" por la decisión del tribunal. La alcaldesa salió en apoyo del presidente de la Generalitat, al que ofreció su "apoyo personal y político", aunque admitió que "esta resolución se veía venir". Barberá aprovechó su comparecencia para ensayar teorías conspirativas y explicó que "no hay más que mirar el panorama español para ver que mientras unos quieren sacar a Camps de la política a fuerza de banquillo, otros le abren la puerta a Bildu. Mientras tanto, enlazó, "el fiscal general del Estado lanza una circular que podría exonerar a los procesados por el caso Faisán

[que investiga un posible chivatazo de la policía a la banda terrorista ETA]".

Al apoyo de Barberá se sumaron también los del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra; del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra; y del consejero de Educación, José Ciscar. Este último indicó que la decisión del TSJ les hace "más solidarios" con Camps y "más fuertes". Ciscar fue uno de los encargados de movilizar en las redes sociales los apoyos a Camps ante la avalancha de críticas.

Quien también se pronunció sobre la situación judicial de Camps fue el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que abrió las primeras diligencias del caso Gürtel en el año 2008 y ordenó las detenciones de los cabecillas de la trama y los registros de sus oficinas en febrero de 2009. Garzón, que pronunció una conferencia en Valencia, aseguró: "Todos somos iguales ante la ley, hay que responder y así se hará".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de julio de 2011