El amargo fin de la odisea de los Meño

Ni fueron felices ni comieron perdices. El drama de la familia Meño terminó ayer en un acuerdo que no dejó satisfechos a los padres del joven postrado en una cama desde hace 22 años, cuando se sometió a una operación de cirugía estética en la nariz a la edad de 21. Los demandados y los abogados de la familia pactaron en los juzgados de la plaza de Castilla entregar una indemnización de 1.075.000 euros para los Meño, más las costas del proceso negociador, que ascienden a 10.000 euros. Pero no es dinero lo que quería Juana Ortega. La madre, de 66 años, se siente "mal" por haber "traicionado" a su hijo. Antonio Meño padre tuvo incluso que salir de la Sala del Juzgado de Instrucción número 15 nada más firmar el acuerdo de conciliación. No podía contener el llanto por haber "vendido" a su hijo.

Los padres se sienten "humillados" por haber aceptado el acuerdo

"Un millón o 10 millones, me sentiría igual de mal", asegura Ortega. La mujer afrontaba la vista de ayer con resignación. Ya lo decía el miércoles: "No hay dinero que pague lo que le han hecho a mi hijo". Los padres aceptaron el consejo de su abogado y de sus hijos y firmaron. Renunciaban así a iniciar otro periplo judicial con el que pedir la responsabilidad penal de los acusados.

Las seis partes demandadas -el anestesista Francisco González Martín-Moré, la clínica Nuestra Señora de América y las aseguradoras Allianz Ras Seguros y Reaseguros, SA, Caja de Seguros Reunidos, Seguros Generali, SA, y Cahispa, SA- consiguieron rebajar en 575.000 euros la cuantía que pedía el abogado de los Meño, Gustavo Izquierdo, en el primer acto de conciliación el 29 de abril. El acuerdo se cerró la noche anterior a la vista, según explicó Izquierdo. El objetivo era una cantidad no inferior a la que un juzgado de primera instancia ya les concedió en 1993: 175 millones de pesetas (1.050.000 euros)."Lo mejor es a veces enemigo de lo bueno", valoró el abogado de la familia de Antonio Meño, Gustavo Izquierdo. Eso no evitó que los padres del hombre, que tiene ahora 43 años, reconocieran ante los medios a la salida de los juzgados que se sienten "humillados" por haber aceptado el acuerdo. "Dígale a su cliente que ¡hurra! por lo que ha hecho con mi hijo y mi familia", asegura Juana Ortega que le espetó al abogado del anestesista.

A diferencia de lo que suelen hacer, Juana Ortega y Antonio Meño padre dejaron ayer a su hijo en casa. No le llevaron a la vista judicial, explicaron, porque el lunes tienen que sacarle de casa para llevarle al hospital y eso ya es "demasiado movimiento para él". Una hermana de la madre, Amparo Ortega, se quedó en su piso de Móstoles a cargo del hombre. "Ha estado tranquilo toda la mañana, hasta que sus padres le han contado lo que ha pasado. Dicen que no, pero él se entera de lo que pasa", afirmó la mujer por la tarde.

A pesar de la resignación que los Meño dicen sentir tras firmar el acuerdo, reconocen que se quedan "más tranquilos" por saber que, si les pasa cualquier cosa, "algo quedará" para que sus otros tres hijos cuiden de su hermano. Pero lo que ellos habrían querido es que el "culpable de todo esto", que según Juana Ortega es el anestesista, se sentara en el banquillo de los acusados. Una opción que, con el pacto firmado ayer, queda descartada.

El acuerdo impide que se vuelva a abrir el caso ante los juzgados y que un tribunal decida si hubo negligencia médica o no. "Las aseguradoras son también víctimas de la mentira del anestesista. Actuaron según la versión aportada por la clínica, pero si les hubieran dicho la verdad, las aseguradoras habrían pagado", afirmó por teléfono la madre de Meño un día antes de la vista. "El que tiene la culpa es el doctor González. Con dinero", insiste, "no se paga lo que le ha hecho a mi hijo".

El nuevo abogado de la familia ha negociado "durante meses" con las aseguradoras de la clínica en la que Antonio Meño hijo se hizo la rinoplastia. Es él también quien les aconsejó, al hacerse cargo del caso, que llegaran a un acuerdo. El anterior letrado, Luis Bertelli, dejó el asunto tras conseguir que el Tribunal Supremo diera la razón a la familia y anulara la condena de 400.000 euros en costas que el mismo tribunal les había impuesto en 2008. Antes de que el Alto Tribunal tomara esa decisión la familia tuvo que "echarse" a la calle. Instalaron una caseta en la plaza de Jacinto Benavente en la que vivieron durante 522 días para pedir "justicia". En 1993, un juzgado de instrucción había dictado una primera sentencia en su favor, pero la clínica recurrió y recurrió y el Supremo terminó reclamando a la familia Meño todos sus bienes para pagar las costas. Hasta que apareció un nuevo testigo en 2010. El doctor Ignacio Frade declaró ante el tribunal que Antonio Meño no se había asfixiado en su propio vómito, como decía la clínica, sino que permaneció unos minutos sin oxígeno, desconectado del cable de respiración, sin que el anestesista estuviese presente.

Hoy es el primer día de una nueva vida para los Meño. Dejarán de ir a los juzgados, de atender a los medios y podrán dedicarse a atender a su hijo sabiendo que ahora están solo ellos.