El presidente interino de RTVE no puede ejercer funciones ejecutivas

Una semana después de la dimisión de Alberto Oliart como presidente de RTVE, la corporación estatal no tiene en sus manos instrumentos legales para sustituirle. O al menos no para que el hipotético sustituto asuma plenamente sus competencias. La Abogacía General del Estado considera que el Consejo de Administración tiene capacidad para elegir a un presidente interino, en casos de ausencia o vacante del titular. Para esta designación es suficiente una mayoría ordinaria, pero este presidente interino solamente podría ejercer las competencias propias de la presidencia del consejo, nunca las relacionadas con la dirección ejecutiva de la compañía. De este modo, su papel se reduciría a convocar las sesiones del consejo, moderar los debates o autorizar las actas.

Solo si es elegido por el Congreso puede ejercer todas sus competencias

Con esta respuesta, la Abogacía del Estado resuelve una de las dudas planteadas por el Consejo de Administración de RTVE la semana pasada, después de que el miércoles Oliart presentara de manera "irrevocable" y con "efecto inmediato" su dimisión. El informe jurídico recuerda que el presidente de RTVE es un consejero elegido para ese cargo por el Congreso de los Diputados por una mayoría de dos tercios de la Cámara. Para que salga adelante el nombramiento es necesario, pues, un consenso entre el PP y el PSOE. "Están hablando", dicen fuentes de la corporación. Pero las probabilidades de un acuerdo inminente entre ambos partidos parecen remotas.

Para evitar el riesgo de una parálisis en el funcionamiento del grupo audiovisual, el Consejo de Administración planteaba también la posibilidad de designar un director ejecutivo -ajeno al consejo- que asumiera las funciones de Oliart por delegación del órgano colegiado. En este caso, el informe jurídico deja claro que el consejo no está facultado para nombrar a un director ejecutivo porque la ley solo autoriza a delegar algunas de sus competencias en favor del presidente de la corporación. Esta solución estaba pensada para que el actual director general corporativo, Jaime Gaiteiro, pudiera tomar las riendas de la radio y la televisión estatal.

No obstante, la Abogacía del Estado -dependiente del Ministerio de Justicia- plantea una solución de emergencia. Propone que en tanto el Congreso no nombre a un nuevo presidente, podrían modificarse los estatutos sociales de RTVE para que se regulara la forma de sustituir al dirigente del grupo estatal en los casos de ausencia o vacante. Aunque para llevar a cabo esta reforma de los estatutos es necesario un acuerdo previo del Consejo de Ministros.

El hecho de que la situación generada tras la salida de Oliart el pasado miércoles (después de año y medio en el cargo) no esté prevista en la ley ni en los estatutos sociales, es vista como una laguna legal. El consejo aspira a garantizar que la compañía siga funcionando con el ritmo habitual, que no se bloquee la firma de contratos y que se puedan aprobar sin problemas los presupuestos del próximo ejercicio.