La ley de cajas abre la puerta a la incorporación de Bildu a Kutxa Bank

El sistema vasco de cajas de ahorro estará regido en el futuro por profesionales, tendrá un menor grado de influencia de las instituciones públicas y tendrá garantizada la pluralidad política en sus máximos órganos de representación. Estos principios están recogidos en el proyecto de Ley de cajas aprobado ayer por el Gobierno vasco, antes de su tramitación parlamentaria, que además servirá como marco legal del proceso de integración que han puesto en marcha BBK, Kutxa y Caja Vital.

Los 40 folios que contienen los 74 artículos de la nueva normativa buscan poner a disposición de las entidades de ahorro nuevos instrumentos para "fortalecer su capital", reducir el peso que tienen las administraciones públicas en sus órganos de gobierno y fomentar la profesionalización de los cuadros directivos, según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre.

El proyecto apuesta por la despolitización y la profesionalización

La normativa reduce el peso de las instituciones públicas

Ortuzar reconoce que hay margen para la negociación del articulado

El proyecto de Ley de cajas vascas, una adecuación de la reforma aprobaba el año pasado a nivel nacional, introduce un cambio sustancial en la composición de las asambleas generales de las entidades y en sus órganos directivos, puesto que deberán acoger a representantes de todos los grupos: instituciones públicas (Parlamento, Juntas Generales y Ayuntamientos), impositores y otras entidades (Cámaras de Comercio, patronal, sindicatos...).

Las cajas deberán adaptar sus estatutos a la nueva normativa y, seguidamente, renovar íntegramente sus órganos de gobierno. El proyecto de ley contempla el mismo procedimiento para aquellas operaciones surgidas de un Sistema Institucional de Protección (SIP), la fórmula adoptada por BBK, Kutxa y Caja Vital para fundar Kutxa Bank, que deberán ratificar sus respectivas asambleas en septiembre próximo.

Por lo tanto, el proyecto de ley de cajas deja la puerta abierta a que la coalición independentista Bildu, contraria a una fusión que suponga la "bancariza-ción" de las cajas, entre a formar parte del consejo de administración del futuro Kutxa Bank. El amplio respaldo institucional logrado por esta formación en las pasadas elecciones le permitirá ocupar puestos de relevancia en la citada entidad si el proyecto de ley se aprueba con su actual redacción.

El Ejecutivo vasco, que ha aprobado con retraso el proyecto de ley precisamente por la necesaria adaptación del esquema normativo al proceso de integración iniciado por las tres cajas, ha mantenido finalmente, en contra del criterio del PP, una disposición que obliga a trasladar a los consejos de administración del nuevo banco la foto final de las cajas tras su renovación íntegra, lo que en realidad abre la vía a la presencia de Bildu en estos puestos de dirección a lo largo del próximo ejercicio. El consejero Aguirre no quiso adelantar de qué forma incidirán los cambios orgánicos de las cajas en el futuro banco: "Habrá que mirar muy bien cómo se hace eso y todo está abierto". El titular de Economía reconoció que la polémica disposición es "negociable".

Tras la entrada en vigor de la ley, las cajas tendrán dos meses para adaptar sus estatutos y reglamentos, y los elevarán al Gobierno vasco para su aprobación en el plazo de un mes. La posterior constitución de la asamblea general y de los demás órganos de gobierno de las cajas se realizará dentro de los dos meses siguientes.

El Ejecutivo socialista, en minoría aunque con el apoyo externo del PP, espera que el proyecto reciba un amplio respaldo en el Parlamento. Es casi seguro que encontrará el rechazo frontal del PNV, que ve en peligro la hegemonía que ha disfrutado hasta ahora en BBK y Kutxa.

El texto legal aumenta el peso de los impositores del 43% al 47% en las asambleas y reduce el de las corporaciones municipales del 30% al 17% y de las entidades fundadoras (Diputaciones y Ayuntamientos de las tres capitales) del 20% al 12%. Las Juntas Generales contarán con el 6% y el Parlamento, con el 5% de los consejeros. El 6% restante se lo reparten las Cámaras de Comercio, sindicatos, patronales, la Federación de Consumidores y las ONG.

Entre las novedades, en aras de la profesionalización, la nueva regulación impedirá que los órganos de gobierno de las cajas estén ocupados por políticos electos, así como por altos cargos de la administración o entidades del sector público. Los miembros de los consejos de administración deberán acreditar un nivel de conocimientos y experiencias adecuados a los puestos que ocuparán.

La futura ley establece límites en la percepción de retribuciones de los miembros de las asambleas, que no podrán excederse de las dietas, mientras que los integrantes de los consejos de administración solo cobrarán un sueldo si su dedicación es exclusiva.