La trama de restauración de arte sacro se extiende a toda Galicia

La Operación Retablo que persigue una trama de corrupción generalizada en la restauración de arte sacro en el sur de Galicia entre 2005 y 2009 se extiende a las provincias de Lugo y A Coruña. Hasta ahora, la investigación de la brigada de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía que incluye pinchazos telefónicos, extractos de cuentas de los principales imputados y declaraciones de testigos hasta completar los más de 2.500 folios de sumario que se acumulan en el juzgado de instrucción número 3 de Santiago, se ocupaba de los contratos adjudicados para rehabilitar patrimonio en iglesias y monasterios de Ourense y Pontevedra, así como de los proyectos de construcción de albergues para el Xacobeo. El caso suma ocho imputados, entre funcionarios de la Consellería de Cultura, representantes de empresas de rehabilitación, sacerdotes de las parroquias que adjudicaban los trabajos con cargo a las subvenciones de la Xunta e incluso el exobispo de Tui, José Diéguez Reboredo.

Dos imputadas en el caso denunciaron en la fiscalía a técnicos de la Xunta

Después de leer en la prensa durante meses los detalles de la operación, una vez que se levantó el secreto de sumario, el 14 de octubre Olga Quintela y María Carmen Acuña, dos de las imputadas en las adjudicaciones presuntamente ilegales, que representan a firmas de rehabilitación beneficiadas por la trama, se presentaron en la fiscalía para denunciar que también en Lugo y A Coruña se repetían las mismas prácticas corruptas con la consiguiente implicación de funcionarios de la Consellería de Cultura.

Ambas implicadas aludieron a expedientes concretos de obras y presentaron documentación según la cual el Gobierno gallego, en tiempos del bipartito, había pagado facturas por rehabilitar imágenes que no se encontraban en los templos o incluso que no fueron tratadas. Dichas pistas motivaron una investigación del ministerio público en colaboración con la policía que ha motivado una denuncia del fiscal contra el jefe de servicio de Arquitectura y Etnografía de la Consellería de Cultura, Juan Antonio Naveira Seoane, por un presunto delito contra la Administración pública.

En el escrito enviado al juzgado, la fiscalía también solicita que se tome declaración en calidad de imputada a Carmen Verdera, una de las restauradoras de dicho departamento. Y pide que el juez escuche lo que tienen que decir como testigos un responsable de ATLAS, SL, que presuntamente se habría beneficiado de los contratos, y una restauradora particular, Vania López Arias. Fuentes de la investigación apuntan que el ministerio público ha hallado indicios suficientes para indagar sobre los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y otros contra la Administración Pública. Según investigadores cercanos al caso, los testigos que deberán comparecer ante el juez son los principales adjudicatarios de los contratos con irregularidades detectadas en las contrataciones del anterior Gobierno gallego para adecentar imágenes y retablos en distintas iglesias y monasterios del norte de Galicia. Los nombres del jefe de servicio Juan Antonio Naveira y de la restauradora Carmen Verdera aparecen constantemente citados en las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía a los presuntos cabecillas de la trama, el arquitecto del Xacobeo José Manuel Pichel Pichel y el restaurador Carlos Gómez-Gil Aizpurúa. Tanto estos dos funcionarios del Gobierno gallego como las imputadas de las firmas de rehabilitación siempre han culpado, tal y como se desprende de los pinchazos telefónicos, a Verdera y a Naveira de haber destapado el caso, al tiempo que los responsabilizan de tejer prácticas similares a las detectadas en Ourense y Pontevedra, en las provincias del norte con empresas afines.

Los responsables de la firma de restauración, Atlas SL a la que ahora se investiga, están en el origen del caso, que se destapó después de que esta y otras empresas del sector denunciasen en la Consellería de Cultura que un puñado de sociedades conchabadas con Pichel y Gómez-Gil llevaban años repartiéndose todas las obras de restauración en el sur de Galicia. La investigación interna que emprendió la consellería de Cultura de la nacionalista Ánxela Bugallo acabó en manos de la fiscalía y desató el inicio de la Operación Retablo.