Honduras cierra en falso la investigación del golpe militar contra el presidente Zelaya

El informe no deja títere con cabeza. Si bien, después de un año de trabajo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CRV) afirmó ayer en Tegucigalpa que la expulsión del presidente Manuel Zelaya de Honduras el 28 de junio de 2009 fue "un golpe de Estado", que el gobierno de Roberto Micheletti fue "ilegal" y que las fuerzas de seguridad asesinaron a 12 personas en medio de una total impunidad, el informe reparte las culpas de forma salomónica. Hasta el propio Zelaya se lleva un buen correctivo: "Se fue colocando en posiciones de riesgo y violó varias leyes. Su expulsión fue tanto responsabilidad suya como de los que lo sacaron".

En pijama, hay que recordar. Al amanecer de aquel domingo 28 de junio, un comando de las Fuerzas Armadas lo sacó de la cama y lo trasladó -sin dejar siquiera que se vistiera- a San José de Costa Rica. Desde allí, flanqueado por el entonces presidente costarricense, Óscar Arias, Manuel Zelaya clamó: "He sido sacado de mi casa de forma brutal, secuestrado por soldados encapuchados que me apuntaban con rifles de grueso calibre. Pero yo sigo siendo el presidente de Honduras. Solo me puede quitar el pueblo, nunca un grupo de gorilas". La Comisión de la Verdad -coordinada por el expresidente guatemalteco Eduardo Stein- le dio ayer la razón, pero no toda. Concluyó que la supuesta carta de dimisión que exhibieron los golpistas era "falsa", que su expulsión reunió las características para que fuese considerada un "golpe de Estado" y que el Congreso de Honduras no tiene atribuciones para quitar a un presidente y poner a otro. Como eso fue lo que sucedió, la Comisión determinó que el nombramiento de Roberto Micheletti fue "ilegal" y que del 28 de junio de 2009 al 26 de enero de 2010 presidió un gobierno de facto.

La comisión explica que el presidente Zelaya se fue quedando solo en su intento de celebrar -el día del golpe- una consulta popular que, según sus detractores, abriese la puerta a su reelección. En tal empeño, recuerda el informe, solo estuvo acompañado por los países del Alba, con Hugo Chávez a la cabeza, y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El golpe de Estado, admite la Comisión, provocó la muerte de 20 personas, al menos 12 de ellas a manos de militares y policías que "actuaron con total impunidad". El Gobierno de Honduras, recomendó Eduardo Stein, deberá pedir perdón.