La alcaldesa de Alicante guió al jefe urbanístico hasta el promotor Ortiz
Jesús Quesada, arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, admitió ayer al juez que en el trámite del documento se reunió en dos ocasiones con el promotor Enrique Ortiz, pero por indicación de la entonces concejal y de Urbanismo y en la actualidad alcaldesa, Sonia Castedo, del PP.
Quesada compareció como imputado ante el titular del Juzgado número 5 de la capital, que dirige la investigación de una pieza separada del caso Brugal sobre un supuesto trato de favor a Ortiz en el PGOU por parte de Castedo y su antecesor, el actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. La policía y el fiscal sostienen que ambos ofrecieron al promotor información privilegiada del planeamiento.
Quesada declaró por espacio de dos horas. El imputado solo respondió a las preguntas de su letrado y del fiscal Anticorrupción, pero con una salvedad: se negó a contestar a aquellas cuestiones vinculadas con las escuchas telefónicas del sumario. La defensa de Quesada esgrimió que esa prueba está en tela de juicio después de que el instructor general del caso Brugal anulara hace dos semanas parte de las intervenciones telefónicas.
Dos reuniones
El autor del PGOU de Alicante reconoció que se reunió dos veces con el empresario. La primera fue en la Gerencia Municipal de Urbanismo y la segunda, en las oficinas de la sede central del grupo empresarial de Ortiz. El arquitecto calificó estos encuentros como "normales" y en el marco de reuniones similares con otros colectivos para tratar temas -"siempre de interés general", puntualizó- del nuevo planeamiento. Quesada negó que ofreciera información privilegiada al promotor y que recibiera alguna contrapartida o dádiva por parte de este.
En su escrito inicial, el fiscal anticorrupción atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
Por otra parte, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, ha confirmado la competencia del Juzgado número 3 de Orihuela para instruir otra pieza central del caso Brugal, la que investiga un supuesto cohecho de los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, a cambio de la contrata de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja.
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