En defensa de la ley para la igualdad
La aprobación en el Consejo de Ministros de la ley para la igualdad de trato es un arma más para luchar contra una lacra social muy poco propia de los países desarrollados del siglo XXI. Poco a poco, aquel principio de igualdad y no discriminación, incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va avanzando y haciéndose real en las constituciones de los países más avanzados.
Hoy el concepto abarca también a la discriminación por edad, por sexo, por enfermedad... una sociedad moderna tiene el deber de poder reconocer los distintos contextos, circunstancias y ámbitos donde pueden darse situaciones discriminatorias y dotarse de mecanismos para evitarlos. Y si bien nuestra Constitución reconoce tal principio, siguen necesitándose mecanismos que la hagan posible y que esta ley -aún no aprobada por el Parlamento- facilita.
Ojalá nuestros parlamentarios, entre el maremágnum de enfrentamientos cotidianos, no pasen de puntillas sobre una ley que pretende prevenir y, en su caso, erradicar, conductas discriminatorias entre los ciudadanos y sean capaces de facilitar su aprobación anteponiendo el deber ético de la defensa de los derechos humanos a cualesquiera otros intereses, sean de la índole que sean.
Hoy la ciudadanía es cada vez más consciente de la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y justa. Nuestros parlamentarios harían bien en seguir su ejemplo. El Parlamento tiene ahora la llave.
