Griñán presenta una batería de medidas sin tiempo para ejecutarlas

Pareció más un debate de investidura que el último examen parlamentario de la legislatura. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quemó ayer lo que puede ser uno de sus últimos cartuchos políticos para tomar oxígeno en la recta final de su mandato. Tras unos meses en los que los socialistas han estado dando traspiés por sus propios errores y por la magnitud de una crisis económica que daña a los trabajadores pero también a los gobernantes, el presidente andaluz intentó poner el contador a cero con una treintena de propuestas. Solo dispone de nueve meses por delante para ejecutarlas, antes de las elecciones andaluzas de marzo de 2012, fecha en la que el PSOE habrá cumplido 30 años en el poder en Andalucía.

Eliminará el "privilegio" de la pensión de los expresidentes

Muchos en el PSOE miraban al que es también su secretario general para ver qué recetas proponía para recuperar la "mayoría social" que él mismo dio por perdida tras el 22-M.

Las medidas propuestas afectan al empleo, al funcionamiento de la Administración, a la transparencia política y a la protección social. En este último capítulo, Griñán propuso una revisión "de los criterios para obtener bonificaciones y subvenciones" que reciben las familias andaluzas para que las ayudas se distribuyan con mayor equidad. Una familia andaluza de cuatro miembros y con un dependiente a su cargo puede llegar a percibir hasta 13.000 euros al año en prestaciones. "El gasto social da seguridad a las familias", dijo Griñán, para a continuación anunciar que se revisarán los parámetros por los que se conceden estas ayudas. Se medirá no solo el nivel de renta sino también el de patrimonio. Además, se pondrá en marcha un programa contra lo que el presidente andaluz llamó "el fraude social", de modo que se creará una base de información de los beneficiarios de estas ayudas, habrá más inspecciones e intercambio de información entre la Administración tributaria y las Administraciones educativa, sanitaria y social. Al igual que existe en la sanidad, se emitirán "facturas informativas" para que los ciudadanos sepan cuál es el coste de los servicios que utilizan.

Otra de las medidas anunciadas por Griñán supone una moción a su antecesor, Manuel Chaves. Propuso eliminar las pensiones que pueden recibir los expresidentes de la Junta de Andalucía. Esta prerrogativa, que Griñán llamó "privilegio", se aprobó la pasada legislatura con Chaves al mando. Los expresidentes podían cobrar hasta el 60% del sueldo que tenían, es decir, unos 42.000 euros anuales. Ninguno de los antecesores de Griñán han hecho uso de esta prerrogativa.

La batería de propuesta planteadas por Griñán a Javier Arenas le pareció más un "programa electoral" para el futuro. Javier Arenas no se olvidó del caso de los ERE fraudulentos de la Junta ni de otros casos de presunta corrupción, la espina dorsal de su acción de oposición diaria contra el Gobierno andaluz en los dos últimos años. "No ha dicho ni una coma de los ERE", le dijo a Griñán, "los escándalos han sido la gran estrella de su gestión". "Su respuesta ante la galaxia de escándalos ha sido impedir las comisiones de investigación y obstaculizar la labor de la Justicia", subrayó.

A instancias de Griñán, el líder del PP se comprometió a hacer pública su declaración de la renta. En la web del Parlamento andaluz están publicados la declaración de bienes e intereses de los parlamentarios, pero la renta se entrega aunque no es pública. Antes de terminar su intervención, Griñán entregó copia de sus ingresos de los tres últimos ejercicios (85.131 euros tuvo en 2010, según figura en la declaración conjunta de su esposa). El popular dijo no tener inconveniente en mostrarla, y además se comprometió a dar a conocer lo que le da su partido para gastos por el cargo que desempeña. Sí aclaró que su declaración es individual y que no puede disponer de la de su esposa.