Funeral por 15 juzgados

El malestar en el mundo judicial cristalizó ayer en una asamblea de unos 250 trabajadores en la planta baja de la Audiencia de Valencia. La lista de problemas enunciada fue larga. La chispa que prendió la protesta fue, en cambio, concreta: la decisión del Consell de renunciar a 15 juzgados que habían sido acordados. "Somos la única comunidad autónoma que no crea juzgados", arengó Enrique Campayo, uno de los portavoces de la plataforma Justicia Digna Ya, "a pesar de que somos los segundos más saturados de España". Los concentrados representaron el entierro de la justicia.

Campayo, responsable del área de Justicia de CC OO, afirmó que en los últimos dos años las dificultades en los juzgados han alcanzado lo más elemental. "Sabéis que hay juzgados que no han podido trabajar porque no había papel. Juicios que no se graban porque no hay CD. Compañeros que esconden los folios porque no hay para todos. Ciudadanos que han tenido que pagar de su bolsillo el tóner de la impresora para sacar un certificado del Registro Civil... No estamos indignados, estamos cabreados".

"El Consejo General del Poder Judicial advierte que hacen falta 63 nuevos juzgados y aquí se renuncia a 15", siguió Juan Ortiz, de UGT, que criticó que dicha cancelación se justifique en dificultades presupuestarias y al mismo tiempo "se destinan 18 millones al premio de fórmula 1". Rafael Redondo, de la Intersindical, recordó que la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, se quejó cuando era consejera de Justicia de que el Gobierno no autorizaba todos los juzgados que reclamaba el Ejecutivo autonómico, "y ahora que los acuerdan, renuncian a ellos".

Los tres portavoces lamentaron la decisión del presidente Francisco Camps de promocionar a Jorge Cabré, hasta ahora secretario autonómico, a consejero de Justicia. Y a Antonio Gastaldi, de director general a secretario autonómico. "Pedimos que no siguieran y no solo no los han quitado sino que los han ascendido", declaró Campayo.

La culpa, del Gobierno

El consejero de Justicia admitió ayer que la Generalitat "ha habido de afrontar una decisión que a nadie le ha gustado, a mí menos que a nadie"; "a nadie le gusta no abrir juzgados". Cabré atribuyó la responsabilidad, sin embargo, al Gobierno, al que acusó de no aceptar negociar fórmulas alternativas a la apertura de nuevos juzgados, como serían los jueces de adscripción territorial. El nuevo titular de justicia se refirió al déficit de financiación de la Comunidad Valenciana y añadió que ésta necesita "jueces, no juzgados".

El reparto de responsabilidades, como en el resto de autonomías con las competencias transferidas, establece que el Gobierno asume el coste de los jueces, los secretarios judiciales y los fiscales mientras que la comunidad debe costear los salarios del resto de funcionarios y las instalaciones. Esta es la parte que la Generalitat se ha visto incapaz de sufragar.