Euskadi tardará aún tres años en volver al nivel de ingresos fiscales de 2007

"Un problema de país". Esa fue la principal conclusión a la que llegaron, por una u otra vía, los partidos presentes ayer en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento tras escuchar al consejero de esa cartera, Carlos Aguirre, asegurar que los próximos años van a ser de contención y de recortes presupuestarios. Las causas: la crisis de ingresos que tiene la comunidad autónoma y los gastos extraordinarios como la devolución de los 435 millones de Rover obligados por sentencia del Tribunal Supremo y las multas de la UE por las vacaciones fiscales.

Sin embargo cada partido hizo un diagnóstico diferente de la situación. El consejero, que acudió a la cámara a petición del parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, para informar sobre la situación del denominado caso Rover hizo un repaso más amplio por las limitaciones económicas de la comunidad.

El consejero recalca que el Supremo "no es especialista en el Concierto"

Socialistas y populares criticaron la actuación de las Diputaciones

Para Aguirre el principal problema es que la estructura tributaria actual no genera los suficientes recursos, hasta el punto de que la recaudación por impuestos concertados no se recuperará hasta 2014, cuando las Diputaciones logren igualar, previsiblemente, el nivel de ingresos tributarios que tenían en 2007. Es decir siete años de congelación.

Pero si los ingresos están lastrados porque la presión fiscal ha ido cayendo poco a poco, sobre todo en el Impuesto de Sociedades y en los tramos más bajos y más altos del IRPF, algunas decisiones de las Diputaciones han contribuido en alguna medida a agravar el problema.

Aguirre no pudo precisar ayer cómo van a afectar todos esos capítulos -Rover y las multas de la UE- en la contabilidad de este año, sobre todo porque la devolución del IVA de los vehículos de la marca británica sigue judicializada, y todavía no hay calendario para su restitución a la Hacienda estatal. El consejero explicó que el Ejecutivo ya ha diseñado las herramientas para reducir el gasto sin que ello afecte a la senda de déficit diseñada para las Administraciones públicas y que seguirá en el límite del 1,3%.

Mientras que para el PNV el problema es de gasto, es decir de contabilidad de un Gobierno que maneja torpemente, a su entender, la técnica presupuestaria, para socialistas y populares, el Gobierno y los Ayuntamientos son los paganos de un situación generada exclusivamente por las tres Diputaciones, competentes en todo lo relacionado con los ingresos tributarios.

Sin embargo, Aguirre no criticó abiertamente a las Diputaciones y cargó contra el Supremo al asegurar que su sentencia sobre el caso Rover "incluye un añadido que no existe en el Concierto Económico y que no tiene soporte legal alguno". En su opinión la Junta Arbitral ha sido "corregida" por una instancia que "no es especialista en Concierto ni el Derecho Foral o fiscal". El Gobierno ingresó 304,5 millones de euros de los 435 millones cuyo pago por la Administración central a la alavesa fue una de las principales condiciones que puso el PNV para apoyar los Presupuestos Generales del Estado en 2009. Otros 130,5 millones los recibieron las Diputaciones y los Ayuntamientos.