El Gobierno asume una "severa" restricción de las nuevas inversiones

El del próximo año será el tercer presupuesto del actual Gobierno socialista y, según las directrices económicas para su elaboración aprobadas ayer, seguirá la misma senda restrictiva que los dos precedentes. La economía crecerá un 2% en 2012, previó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, en la reuda de prensa posterior a la reunión semanal del Gabinete, pero las medidas de contención y austeridad presiden las instrucciones y criterios por los que se regirán todos los departamentos en la preparación de sus cuentas para ese año.

El Gobierno las plasmará en un proyecto de ley el 26 de octubre, que llevará a la Cámara dos días después. El gasto no financiero bajará en un 2% respecto del de este año (desde 10.169 millones de euros hasta 9.964 millones). Aguirre cifró en alrededor de 1.190 millones la emisión de deuda previsibe.

Las directrices presupuestarias rebajan el gasto para 2012 en un 2%

La plantilla pública seguirá congelada y no se crearán nuevos organismos

Entre las siete directrices aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno, que abarcan desde la congelación de la plantilla de la Administración hasta la renuncia a crear nuevos organismos públicos, se encuentran también la de reducir en un 5% el gasto corriente y la de racionalizar el que se realice en inversión pública. "Se restringirá severamente la adopción de nuevos compromisos" de inversión, recalcó Aguirre. Los departamentos dotarán presupuestariamente los importes de los créditos ya comprometidos para el año próximo y mantendrán el ritmo y programación plurianual en la ejecución de las inversiones, pero, el Gobierno será muy restrictivo en la autorización de nuevos compromisos en los capítulos inversores.

En román paladino, lo que ayer quedó establecido es que los responsables de los departamentos deberán presupuestar únicamente lo que realmente vayan a pagar en el ejercicio en cuestión. Y que rebañen además hasta el último euro a la hora de informar a la Dirección de Presupuestos. Por ejemplo, incluyendo en esa información los residuos de ejercicios ya cerrados que se generen en el pago de subvenciones. El objetivo es mantener bajo control el déficit y no pedir deuda en 2012 para cosas que se vayan a pagar en 2013. Ese modo de presupuestar permite adelgazar las cuentas públicas sin reducir servicios, cuyo mantenimiento destacó el consejero, como uno de los objetivos de las cuentas de 2012. Los otros dos serán apoyar al aparato productivo en la creación de empleo y riqueza y la fijación de mecanismos de austeridad en el gasto público y mejora en su productividad. Aguirre anunció "medidas de gestión y organizativas para contener el gasto de personal, o incluso disminuirlo".

El consejero anunció mecanismos de control y procedimientos en la cobertura de puestos, sustituciones o contratación temporal que no incrementen la plantilla respecto de la de este año. En cuanto a los gastos de funcionamiento, la directrices contemplan una reducción del 5% y otro tanto debe ocurrir con el coste del sector público, en el que mediará un "análisis exhaustivo" de las dotaciones para suprimir las que no se consideren "de absoluta necesidad". Las directrices preven la inclusión en los presupuestos de 2012 de las fundaciones y consorcios y descartan la creación de otros nuevos o de organismos autónomos, entes públicos de derecho privado o sociedades públicas, salvo los provenientes de reorganizaciones y que no supongan un gasto añadido.

A la vez que las directrices presupuestarias, el Gobierno dio ayer luz verde al proyecto de ley que pondrá bajo control a las empresas o entidades participadas o financiadas mayoritariamente por fondos públicos, pero sin control de una administración en concreto.

Esas empresas, sin mayoría de la administración municipal, foral o gubernamental -el Museo Guggenheim, por ejemplo- han estado hasta ahora en "tierra de nadie", en palabras de Aguirre. Esa situación "anómala", como la definió también, se acabará con la nueva ley, que las someterá al imperio de la Oficina de Control Económico del Gobierno, del Tribunal de Cuentas y del Parlamento. Estas tres entidades aumentan sus funciones y competencias sobre ellas: el control será tan intenso como para las empresas públicas y podrá incluir, cosa que no ocurre en la actualidad, auditorías de legalidad y gestión.