La Generalitat elimina el control sobre las fundaciones que impulsó Montilla

El celo controlador sobre las fundaciones tras escándalos como el que afectó la fundación Intervida y el Palau de la Música apenas ha durado tres años. El Gobierno de Convergència i Unió ha comenzado a tramitar un anteproyecto de ley que da marcha atrás a las medidas instauradas por el tripartito para controlar el funcionamiento de las fundaciones. La nueva ley devolverá a los patronos de estas entidades libertad para hacer y deshacer en numerosos trámites. Una vez que entre en vigor la nueva ley las fundaciones ya no necesitarán, por ejemplo, autorización previa del Departamento de Justicia para actos como la venta de patrimonio.

El Gobierno tripartito aprobó en 2008 una ley que buscaba imponer mayores controles en el funcionamiento de las fundaciones. El llamado Protectorado de Fundaciones, dependiente del Departamento de Justicia, pasaba a adquirir un papel central para fiscalizar las cuentas de estas entidades y velar por el correcto desarrollo de las actividades sociales de las fundaciones. Tras el escándalo del Palau de la Música, de presunto desvío de dinero de esta entidad a la fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica, el tripartito quiso imponer aún mayores controles. Sin embargo, esto quedó paralizado al llegar el fin de legislatura.

Operaciones como la venta de patrimonio ya no requerirán permiso previo

Lo que busca ahora el Gobierno es que los patronos de las fundaciones se responsabilicen directamente de todas las decisiones de calado y que el Protectorado solo tenga que intervenir posteriormente en caso de anomalías. Se trata de "evitar exceso de intervencionismo", dijo ayer el portavoz del Gobierno, Francesc Homs. Convergència ha criticado esta ley en numerosas ocasiones, especialmente desde que las medidas de transparencia que contienen permitieron que trascendiera el origen de las donaciones de la fundación Trias Fargas, ahora Catdem. Se reveló que, además de recibir dinero del Palau de la Música, la fundación nacionalista se financiaba con generosos donativos de empresas constructoras que trabajaban para la Generalitat. Fuentes del Departamento de Justicia aseguraron ayer que la transparencia en los ingresos de las fundaciones se mantendrá.

Por otra parte, el Gobierno aprobó ayer fragmentar la polémica ley ómnibus de agilización administrativa con el objetivo de buscar apoyos entre la oposición, singularmente del PSC. La ley, que buscaba modificar unas 90 leyes de un plumazo se hará ahora en tres partes, una estrictamente económica y otras dos de simplificación de trámites económicos y de organismos públicos. El Gobierno de CiU también está dispuesto a eliminar de la ley algunos de los asuntos más polémicos, como la limitación de acceso a la sanidad pública a los empadronados más recientes.