El PGOU de Jaén hará menos casas y no legalizará las de zonas inundables

El nuevo alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), se ha comprometido a disponer de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un plazo de 18 meses. Será la tercera vez que el Consistorio jiennense intenta aprobar un documento (el anterior expiró en 2004) tras anularse los de los dos anteriores gobiernos, en 2006 con el PP y en 2009 con la coalición PSOE-IU.

El redactor del plan urbano volverá a ser el arquitecto José Seguí (autor de los de Córdoba y Málaga), que ayer avanzó cambios sustanciales en el diseño de la ciudad. El nuevo PGOU rebaja la construcción de nuevas viviendas hasta las 16.000, pero con una programación a 16 años (apenas 4.800 en el primer cuatrienio); bendecirá la legalización de casi el 90% de las viviendas construidas junto a los ríos, pero no así las que estén en zonas inundables; eliminará por "inviable" la reserva de suelo de Cerro Almagro, donde el anterior gobierno había previsto más de 10.000 viviendas protegidas; y rechaza el soterramiento de las vías del tren (el Ayuntamiento y Fomento ya habían firmado un protocolo en ese sentido) para construir una estación intermodal a las afueras de la ciudad.

Los sucesivos documentos del PGOU han ido recortando progresivamente el número de viviendas a construir. El avance presentado en 2006 por el gobierno del PP contempló 50.000 casas en ocho años, que después se redujeron a 20.000 para cumplir con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía. Posteriormente, en 2009, PSOE e IU aprobaron otro documento y rebajaban las viviendas a 11.300 en ocho años. Pero más allá del recorte en el número, el nuevo gobierno plantea un cambio de filosofía. Si el anterior documento contemplaba el 63% de las viviendas como protegidas, ahora se da protagonismo a la iniciativa privada, según el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, con el fin de "captar ingresos".

Otro de los puntos más polémicos es el de la legalización de las viviendas junto a los ríos. El alcalde dice que se cumplirá el acuerdo plenario de 2010 (apoyado por PSOE y PP), que las tipifica como suelo urbano consolidado, lo que significa que los vecinos no tendrían que asumir el coste de la urbanización. Para ello se contó con la complicidad de la Junta, que indultó 142 chales para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había determinado su demolición por ocupar el dominio público hidráulico.

Ayer el redactor del plan, José Seguí, anticipó su rechazo a ese veredicto y dejó claro que habrá que tener en cuenta las zonas inundables. Con todo, aventuró que casi el 90% de las 5.000 casas podrán regularizarse. Seguí también se mostró escéptico sobre la operatividad del tranvía, aunque abogó por buscar fórmulas para hacerlo viable. El alcalde jiennense demandó a la Junta "lealtad institucional" para la aprobación definitiva del PGOU.