Incentivando y obligando a ser eficientes

La eficiencia energética está de moda y su bondad económica parece indiscutible: mayor eficiencia permite utilizar menos energía para obtener los mismos servicios energéticos como iluminar, calentar o transportar. Es por ello que la eficiencia aparece a diario en los medios de comunicación como panacea para mejorar la seguridad de suministro del país, reducir el déficit exterior, aumentar la competitividad o generar empleo.

La mejora de la eficiencia y el ahorro energético tienen, además, el atractivo de ser el arma más poderosa en la lucha contra el cambio climático. La Agencia Internacional de la Energía estima que por esta vía el mundo podría reducir 8 gigatoneladas al año de emisiones de CO2 (equivalente, aproximadamente, a 20 veces las emisiones totales de España en 2009). Es por ello que la UE, dentro de su famoso paquete verde para 2020, el famoso 20-20-20, incluyó el objetivo no vinculante de reducir en un 20% la demanda de energía primaria respecto a proyecciones. Es por ello también que la Comisión Europea, a petición del Consejo Europeo, ha presentado esta semana la directiva sobre Eficiencia Energética con importantes medidas en toda la cadena de suministro energético para alcanzar el 20% en 2020, una senda de la que la mayoría de los países de la UE estaban alejándose.

Una forma de impulsar los servicios energéticos son los concursos para edificios públicos

Otra vía es el diseño de un mercado de certificados de eficiencia, o 'certificados blancos'

Centrémonos en el consumo energético de los edificios, que, según la Comisión Europea, representa el 40% del consumo energético de la UE y es el de mayor potencial de ahorro. En términos generales, las vías de mejora de la eficiencia y reducción del consumo energético en edificios son fáciles de identificar: entre otras, la mejora del aislamiento, iluminación eficiente, arquitectura bioclimática, bombas de calor o calderas, chimeneas y electrodomésticos de alto rendimiento. Sin embargo, no queda tan claro cómo hacer que los agentes sociales (consumidores, empresas, instituciones) lleven a cabo acciones de ahorro y mejora de eficiencia. ¿Cómo incentivar a los agentes a hacer algo que les saldrá muy a cuenta, ya sea a uno o a tres años vista? ¿No deberían hacerlo motu proprio?

No necesariamente. Lo normal es que siempre haya algo más urgente a realizar, o que, por mucho que hayan aumentado los precios del gas y de la electricidad, el ahorro esperado sea relativamente bajo en relación con otras partidas del negocio. También están las barreras típicas en aquellos proyectos que implican obra: el tiempo y lío de hacer obras, costes de información y de transacción, o la dificultad de encontrar financiación. Todas estas barreras pueden reducirse con un cambio de cultura: el consumidor de energía debe pasar de comprar las máquinas, el mantenimiento y el suministro energético, a tener un solo contrato de externalización de servicios energéticos con una empresa que gane capturando parte del ahorro del cliente, o centralizar estos servicios en una cooperativa de consumo.

Este cambio de cultura lleva años fraguándose, pero las barreras aún no han sido superadas. Así lo reconoce el Plan de Eficiencia 2011 de la UE, que, aunque destaca las medidas tomadas por los Estados miembros, prevé establecer objetivos vinculantes -léase obligatorios- de eficiencia a los Estados si en 2013 la senda de la UE hacia 2020 no fuese la adecuada para alcanzar el objetivo de mejora del 20%. Anticipándose al futuro marco restrictivo que llegará de Bruselas, el Gobierno español ha empezado a discutir un anteproyecto de ley de eficiencia energética, y varias comunidades autónomas empiezan a analizar nuevas vías de acción.

El Plan de Eficiencia 2011 también señala los mercados de servicios energéticos como una de las claves para conseguir una sustancial mejora de la eficiencia en los edificios de la UE. Para dar un impulso decidido a los servicios energéticos se requieren políticas que incentiven a las comercializadoras de energía a reducir el consumo de sus clientes, o bien ayudar al desarrollo de empresas de servicios energéticos. Una forma de impulsar el mercado de servicios es tirando de la demanda desde el sector público, por ejemplo, con concursos de servicios energéticos para edificios públicos (el Gobierno ha impulsado esta vía, pero la mayoría de los concursos están retrasándose).

Otra vía es el diseño de mercado de certificados de eficiencia, o certificados blancos. Ejemplos de estos mercados ya están funcionando con éxito en países como Francia, Reino Unido, Italia o EE UU. El principio básico de este mecanismo es que las acciones de eficiencia que puedan probar una reducción de consumo, respecto a una línea de referencia, generen un certificado blanco por cada unidad de energía ahorrada. El segundo principio básico es que exista alguien dispuesto a pagar un precio por este certificado, financiando así el proyecto de eficiencia. La disposición a comprar los certificados puede ser voluntaria, algunas empresas pueden comprarlos para reforzar su imagen de sostenibilidad, o forzada: típicamente mediante la obligación directa a las empresas suministradoras de energía a reducir el consumo de sus clientes o comprar certificados. Las primeras experiencias de estos mecanismos están siendo mejores que lo esperado. En Italia, por ejemplo, el regulador estima que el mercado de certificados blancos durante el periodo 2005-2008 hizo reducir el consumo eléctrico residencial en torno al 2% anual, mientras que el consumo residencial crecía en los países vecinos.

Este tipo de políticas públicas que buscan alcanzar objetivos beneficiosos para el conjunto de la sociedad mediante mecanismos de mercado -generando el mercado, en este caso- se han popularizado en los últimos años, especialmente en ámbitos ligados al medio ambiente. No son políticas fáciles de implementar, requieren una combinación acertada de legislación, regulación y buena administración, pero la experiencia dice que pueden ser muy poderosas cuando se aplican correctamente. Los mecanismos de mercado permiten que las reducciones de consumo se hagan ahí donde es más económico realizarlas. Además, estos mecanismos impulsan el desarrollo de sectores de actividad que crean riqueza y empleo generando ahorros, que se venden más tarde como activos comercializables. Si se puede cobrar por un certificado blanco, se crea un nuevo modelo de negocio basado en proyectos de ahorro. Tal vez sea por alguna extraña razón psicológica, las personas valoramos más cobrar dinero que ahorrar el mismo importe.

Las administraciones públicas deben desempeñar un papel activo en la transición hacia una economía más eficiente. Deben diseñar los incentivos y marcos necesarios para que se desarrollen empresas con ánimo de lucro que encuentren soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia. Alineando los incentivos de los agentes económicos hacia el objetivo final de la eficiencia se genera un amplio sector económico en torno al ahorro de energía. Y debe recalcarse amplio porque, aparte de las rehabilitaciones de edificios -que tan buena prensa tienen por su potencial de movilizar mano de obra en el maltrecho sector de la construcción-, la imposición de objetivos obligatorios de eficiencia estimula, a su vez, la aparición de fórmulas innovadoras para la reducción del consumo que alimentan a su vez otros sectores de actividad.

Un ejemplo sorprendente del poder que tiene el establecimiento de objetivos obligatorios de reducción del consumo energético es el éxito de la empresa Opower en EE UU. El producto estrella de esta empresa es un software que genera anexos a las facturas de gas y electricidad donde visualizar estadísticas de consumidores similares. La empresa afirma que establecer comparaciones de consumo espolea la sana rivalidad entre vecinos para ver quién ahorra más, afirmación fundamentada a su vez en estudios de la nueva teoría económica del comportamiento. Cambiando el patrón de consumo de los clientes que reciben la factura con el anexo de análisis estadístico se consiguen importantes reducciones de consumo con una inversión mínima: el software. Evidentemente, debe existir alguna motivación para que las empresas suministradoras de energía incluyan anexos de análisis comparativo de consumo en sus facturas. Esa motivación es que operan en un mercado diseñado para que el negocio sea ofrecer mejor servicio energético, no más cantidad de energía.

Eric Suñol es director de Energía en el Instituto Cerdà.