Un largo proceso con otra condena
El delegado de la Xunta de Galicia en Ourense ya fue condenado en 2009 en sentencia firme por la Audiencia Nacional por haber certificado obras inexistentes. Rogelio Martínez y su grupo de gobierno (incluidos en el grupo de desarrollo Ceivam) quedaron obligados entonces a devolver al Estado más de 50.000 euros que defraudaron de los fondos comunitarios.
Junto a los integrantes del gobierno local de Arnoia que defraudó el dinero de la UE se encontraba el técnico municipal Miguel Reza. Este reconoció ante el juez de Ribadavia que había certificado en falso la obra de la planta de biomasa. Mientras permanece abierto el proceso judicial en el que Reza está imputado, el técnico aprobó las pruebas para acceder a una plaza en la Diputación de Ourense.
Martínez, denunciado por el grupo del BNG de Arnoia en 2006, nunca negó la comisión de los delitos por los que fue imputado, sino que alegaba la prescripción de los mismos. El juzgado de Ribadavia paralizó la investigación en 2008 a petición del demandante y el proceso se abrió de nuevo cuando los denunciantes recurrieron el sobreseimiento argumentando que aún estaban dentro del plazo legal.
En mayo de 2009 la Audiencia de Ourense ordenó, en contra de las peticiones de sobreseimiento de la fiscalía y la defensa, la reapertura de las diligencias "necesarias para determinar quiénes participaron en los actos falsarios".
