"¿Y a quién expulsamos? ¿A toda la militancia?"

Izquierda Unida se encuentra ante un dilema. Asumir que la decisión que ha tomado su federación extremeña de dejar gobernar al PP -apoyándose en un amplio sentimiento de las bases- es tan democrática como otra cualquiera, y por lo tanto acatarla, o romper traumáticamente con ella por entender que IU-Extremadura ha traicionado al conjunto de la organización. Ese dilema tendrá que deshacerlo esta semana la dirección federal, cuyos miembros serán convocados a una reunión extraordinaria de la Presidencia para abordar la situación en la que queda IU tras el cataclismo extremeño.

El secretario de Organización, Miguel Reneses, uno de los cinco dirigentes federales que acudieron a Mérida el fin de semana para tratar de evitar a la desesperada lo que finalmente ocurrió, adelantó ayer que esa Presidencia podría celebrarse mañana mismo. Él llevará una propuesta: desautorizar a IU-Extremadura, reclamar a los tres diputados regionales electos que defiendan la postura del conjunto de la organización en España -es decir, en la práctica, que desobedezcan a su dirección- y, si la rectificación no se produce, declarar la decisión tomada en Extremadura "fuera de la política de IU". Si esto último significa disolver la federación y nombrar una gestora, o imponer sanciones de algún tipo, la dirección prefiere no traducirlo aún. "Vamos a intentar que esto se rectifique. En eso estamos ahora", afirma Reneses.

La coalición se plantea dejar fuera de su política a la federación extremeña

"IU-Extremadura ha tomado una decisión sobre política de alianzas que no compete en exclusiva a esa federación. Las bases han votado en un proceso manifiestamente mejorable. Se ha producido una contradicción que hay que resolver", añadió sin querer entrar en detalles el responsable de Política Electoral, Ramón Luque.

Pero no todos en IU lo ven tan fácil. El diputado Gaspar Llamazares cree que lo sucedido en Extremadura es "un grave error" pero también "una decisión escrupulosamente democrática". "Aunque no estoy en absoluto de acuerdo con lo que se ha votado allí, lo acato. Es una decisión de la militancia y de los órganos de dirección regionales, no es tan sencillo rectificarla ahora", señaló. A pesar de que él pertenece al sector crítico de IU, ayer no quiso sumarse a la tesis de que esto mina la autoridad del coordinador, Cayo Lara: "Sería oportunista por mi parte culpar a Cayo. Él ha defendido la postura aprobada por el Consejo Político Federal".

Llamazares puso palabras al temor de muchos dirigentes: que el PSOE aproveche para "reverdecer el falso discurso de la pinza" y que se acuse a IU de incumplir una promesa: no favorecer gobiernos del PP. Todos los dirigentes consultados afirman que entienden las razones de la organización en Extremadura, que se ha sentido maltratada por los socialistas durante tres décadas de mayoría absoluta "caciquil". "Pero la política", dicen, "no se hace con el estómago sino con la cabeza". Por eso intentaron hasta el final que la federación olvidase estas tres décadas y recordase, en cambio, que el año próximo hay elecciones generales.

"IU podría haber desempeñado un papel determinante en Extremadura, influyendo al PSOE por la izquierda, y ha tirado eso por la borda. Ahora, la organización en toda España se verá afectada", se lamentaba tras la reunión de Mérida, con el ánimo desplomado, otro responsable del equipo de Lara. Tampoco él veía factible la opción de las expulsiones: "¿Y a quién expulsamos? ¿A la organización entera? ¿A los tres diputados? ¿A toda la militancia extremeña? Lo que ha sucedido es muy gordo, responde a un odio acumulado durante años y no se resuelve de un día para otro".