Quién sabe cuándo

El presidente del Gobierno desmintió el pasado martes los rumores de una disolución anticipada de las Cortes y confirmó su propósito de agotar los cuatro años de legislatura. Sin poner en duda el legítimo derecho de Zapatero a reclamar la presunción de veracidad para sus palabras, las incertidumbres que rodean a los países periféricos de la eurozona y la propia situación española impiden conferir al deseo presidencial el carácter de profecía o de compromiso. A efectos temporales, la diferencia entre un adelanto de los comicios y la consumación de la legislatura no tienen en este caso mayor alcance. Los plazos fijados por la ley electoral resultan incompatibles en la práctica con los espacios muertos de las habituales vacaciones veraniegas y navideñas. Si Zapatero materializase sus intenciones, los ciudadanos serían llamados a las urnas en marzo de 2012; si las circunstancias le obligasen a abreviar la legislatura, la única ventana electoral practicable se abriría a lo largo de noviembre de 2011.

Continúan las incertidumbres en torno a un eventual adelanto de las elecciones legislativas

La convocatoria de elecciones adelantadas es una prerrogativa de los jefes del Ejecutivo de los sistemas parlamentarios que suele ser utilizada para aprovechar coyunturas políticas favorables; así, Felipe González recortó con ese propósito la duración de las legislaturas que concluían oficialmente en el otoño de 1986, la primavera de 1990 y el otoño de 1993. Pero la disolución anticipada de las Cámaras puede ser también una solución desesperada cuando el grupo parlamentario gubernamental está en desbandada (así le ocurrió a Calvo Sotelo en 1982) o sus aliados le abandonan (como le sucedió a Felipe González en 1996). Aznar -en 2000 y 2004- y Zapatero -en 2008- se aferraron, en cambio, a un rígido cumplimiento cuatrienal de la legislatura. Sin embargo, el PP tal vez habría ganado las elecciones caso de convocarlas en el otoño de 2003 (es decir, antes del 11-M); y quizás el PSOE habría obtenido la mayoría absoluta a la vuelta del verano de 2007 (cuando la crisis económica aún no sacudía España).

¿Beneficiaría electoralmente a los socialistas aguantar hasta el final de la legislatura o les convendría un adelanto de los comicios, bien sea para aprovechar un claro otoñal en la destrucción de empleo o para evitar un deterioro todavía mayor? Abstracción hecha de la ofensiva de los mercados financieros sobre la eurozona, el empeoramiento de la situación económica interna, los desórdenes públicos (como el cerco al Parlamento catalán) y el eventual abandono del PSOE por sus aliados parlamentarios en las votaciones sobre el presupuesto, la reforma de las pensiones y la negociación colectiva podrían forzar unas elecciones adelantadas. Por lo demás, una disolución anticipada disminuiría al menos temporalmente la contradicción entre la continuidad y el cambio: entre la dura política de ajuste de un Gobierno vicepresidido por Rubalcaba y el programa electoral del candidato socialista.