Orihuela, abocada a pagar diez millones por la basura

El flamante gobierno local de Orihuela, un tripartito integrado por el PSPV, Los Verdes, y Centro Liberal Renovador-Claro, se ha estrenado con una negativa sorpresa judicial, heredada de la gestión del ejecutivo popular y vinculada a una contrata que ha marcado la vida política del municipio en los últimos 25 años: la concesión del servicio de basura.

El adverso fallo judicial podría abocar al Consistorio a una indemnización millonaria. El nuevo gobierno ha anunciado, que en caso de tener que abonar finalmente la indemnización, la paguen los 14 ediles del PP que aprobaron en el pleno de 19 diciembre de 2007 declarar desierto el concurso para adjudicar la contra de la basura.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha ratificado una sentencia del Juzgado número 1 de Elche que declaraba nulo ese acuerdo de la junta de gobierno oriolana. La sentencia del juzgado ilicitano se produjo a raíz de un recurso de una de las firmas aspirantes al concurso, la mercantil Urbaser. Esta empresa en su primer recurso reclamaba una indemnización en concepto de beneficio industrial. La firma no cuantificaba la cifra, pero fuentes municipales la sitúan entre ocho y diez millones.

El tripartito pedirá a los 14 ediles del PP que abonen la indemnización

La excaldesa del PP, Mónica Lorente, declaró desierto el concurso tras el escándalo de un supuesto soborno de Urbaser por el contrato, contenido en una conversación grabada entre el empresario Ángel Fenoll y el exconcejal Ferrández, del Centro Liberal [y no del Centro Liberal Renovador como se dijo en la edición del miércoles]. Esa cinta dio origen al conocido caso Brugal.

Fenoll, que aspiraba a la contrata, divulgó la cinta días antes de la reunión de la mesa de contratación, que puntuó en primer lugar la oferta de Urbaser. Lorente retomó el contrato con un nuevo pliego, que se adjudicó en octubre de 2008 a la UTE Sufi, Liasur y Gobancanst. La investigación de Brugal sostiene que las dos últimas firmas son una tapadera de Fenoll para hacerse con el contrato.

Los portavoces del tripartito ofrecieron ayer una rueda prensa tras conocer el fallo. Antonia Moreno, portavoz del PSPV, señaló que no cabe recurso contra la sentencia y dijo: "Sí el Ayuntamiento se ve obligado a abonar la indemnización, exigiremos a los 14 ediles del PP que la paguen con sus bienes". "La corrupción es ruina. De momento, la ilegalidad del PP, ya ha costado a las arcas municipales 120.000 euros por costas", añadió.