La violencia endémica alcanza al 15-M

Hace más de 10 años que Barcelona es el escenario de enfrentamientos y actos vandálicos. De la quema de tiendas, cajeros y contenderos en el barrio de Sants en 1999 a la agresión a los diputados el miércoles frente al Parlament. Un grupo reducido de violentos, a veces refugiados bajo el paraguas de los antisistema, utiliza cualquier movilización para generar violencia. Es una amalgama heterogénea, sin líderes claros, formada por entre 200 y 300 personas que se dedica a reventar manifestaciones y a buscar el choque con la policía.

Aunque el perfil del alborotador no ha cambiado demasiado en esta década, sí lo han hecho sus técnicas. El miércoles, frente al Parlament, los Mossos d'Esquadra lo comprobaron. Las maniobras para despistar a los violentos no funcionaron. Durante el cerco al Parlament, aquéllos tuvieron información, en tiempo real, de los movimientos de la policía. De modo que se anticiparon. ¿Cómo lo hicieron? Con astucia y tecnología: sintonizaron la frecuencia radiofónica de la policía y, gracias a esa información privilegiada, fueron un paso por delante.

La anécdota retrata uno de los rasgos de los grupos radicales que dejan en Barcelona estampas de lucha callejera: el uso de la tecnología para alcanzar sus objetivos. La "sofisticación" y disciplina de esos grupos minoritarios -"están casi tan bien organizados como nosotros", admiten fuentes policiales- a menudo pone en un brete a la policía.

"Antes, los violentos tiraban la piedra y escondían la mano. Ahora tiran la piedra, se sientan en el suelo y levantan las manos", sintetizó el consejero de Interior, Felip Puig. A su juicio, esa supuesta "resistencia pacífica" esconde una maniobra torticera para dificultar la intervención policial. Puig acusó a los violentos del Parlament de constituir una "guerrilla urbana" con "unas ganas feroces" de desatar "una batalla campal".

La idea de la guerrilla no es nueva. Se trata de personas (jóvenes, en su mayoría) que se unen ante un acontecimiento masivo con el propósito de chocar contra las líneas de antidisturbios. A ellos se suman, sobre todo en celebraciones deportivas, delincuentes comunes y exaltados. El grueso de esos alborotadores, sin embargo, está formado por miembros de grupos antisistema radicales que sí justifican el recurso a la violencia.Puig, que asume un discurso de mano dura contra estos colectivos, aseguró ayer que su número aumenta. Y advirtió a los que "amparan" las acciones violentas, "aunque a veces sea de forma bienintencionada". Atacó con dureza a los violentos, que "se infiltran e instrumentalizan" el movimiento del 15-M. Pero aprovechó también para deslegitimar al colectivo por no desmarcarse lo suficiente de los incidentes.

La violencia "no puede tener amparo ni impunidad", dijo el consejero, que pidió "a los que les dan cobertura pacífica" que se desmarquen. "Distingo entre violentos y no violentos", matizó, aunque en su opinión "una buena parte" de los 3.000 concentrados frente al Parlament tuvieron actitudes violentas.

Puig alertó frente al auge de una "guerrilla urbana" que se ha fortalecido con el paso del tiempo. Lo hizo a sabiendas de que a su antecesor en el cargo, el ecosocialista Joan Saura, le colgaron el sambenito de ser tibio con los colectivos antisistema. Para el consejero, los grupos radicales son una prioridad de su mandato: "Son gente que amenaza y que es capaz de agredir a un diputado ciego", insistió Puig, que denunció una situación de "violencia extrema" en el Parlament cuando la realidad es que las agresiones a los diputados no pasaron de golpes, empujones y zarandeos.

Lo más preocupante, subrayó, son los "nuevos métodos de violencia urbana" que pasan, dijo, por "utilizar la resistencia pacífica" como tapadera para bloquear la intervención policial. "A los profesionales los conocemos, tienen furgonetas de comunicación e instrumentos que hasta ahora solo tenían las fuerzas de seguridad", dijo Puig, centrado en dibujar un panorama dantesco si estos grupos siguen generando, de forma periódica, el caos en Barcelona. Los Mossos, por tanto, también deben adaptarse a las nuevas tácticas.

Uno de los siete detenidos por desobediencia y resistencia a la autoridad quedó ayer en libertad con cargos tras ser puesto a disposición judicial. Los Mossos identificaron ayer, además, a 10 personas por su presunta participación en los hechos. La policía trabaja ahora para acumular pruebas para estudiar si se les puede atribuir el delito de impedir con violencia la entrada de los diputados al Parlament, que está castigado con penas de 8 a 12 años de cárcel. La fiscalía también ha abierto diligencias y el Parlament estudia acciones legales contra los violentos.

Puig afirmó que ha encargado a los servicios jurídicos que estudien si el presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, calumnió a los Mossos al afirmar que algunos de ellos alentaron los incidentes. "Es una falsedad evidente", dijo. Oliveres aseguró ayer que no ha hecho tales afirmaciones y se mostró tranquilo ante la posible denuncia de Interior.