La apuesta tecnológica del Gobierno permitirá ahorrar 890 millones

El Gobierno vasco está inmerso en un ambicioso tránsito desde la Administración de papel que todavía hoy representa hasta la basada en las nuevas tecnologías, que es a la que aspira. Para impulsar esa transformación se aprobó el pasado 31 de mayo el denominado Plan de Innovación Pública, que exigirá al Ejecutivo una inversión de 108 millones de euros durante los tres próximos años. A cambio, la implantación informática y la relación digital con los ciudadanos conllevará un ahorro de 890 millones y la eliminación de hasta 13 millones de papeles en las ventanillas de atención.

La consejera de Administración Pública, Idoia Mendia, presentó ayer las líneas maestras de un plan que contempla varios ejes de actuación, algunos de los cuales se vienen impulsado desde años atrás. "Se trata de una modernización interna que pretende simplificar los trámites, teletramitar todos los procesos y hacer más fácil la vida a los ciudadanos y las empresas en su relación con la Administración", resumió. Su diseño ha exigido medio centenar de sesiones de trabajo en las que han tomado parte unas 150 personas, entre funcionarios, sindicalistas, empresarios y responsables de instituciones ajenas al propio Gobierno, como las Diputaciones o la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

El cambio exigirá una "nueva cultura interna de trabajo", apunta Mendia

El plan de innovación, que se extenderá hasta 2013, se ha marcado como retos el impulso de la transparencia, la innovación, la apertura a los ciudadanos y la orientación a resultados. Objetivos que facilitará la mera colaboración entre las distintas administraciones que permitirá la apuesta por las nuevas tecnologías, lo que redundará, a su vez, en un ahorro de tiempo y una reducción de los plazos de espera para la población. "Mejorarán la eficacia y la calidad del servicio prestado", valoró Mendia, quien aclaró que la reconversión exigirá una "nueva cultura interna de trabajo" que marcará "nuevas necesidades" profesionales y convertirá en "más residuales" algunos de los actuales puestos.

Entre las metas del proyecto figura también la de reducir en un 30% las cargas administrativas que, en forma de autorizaciones o certificados, lastran a las empresas y los ciudadanos en su relación con la Administración. Una cuestión que no es baladí, dado que el peso económico de estos trámites supone un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo, índice que se eleva hasta el 4,6% en el caso concreto de España. Además, el Ejecutivo autónomo se ha marcado como propósito ofrecer a la población todos los servicios públicos a través de canales electrónicos, lo que evitará desplazamientos innecesarios.

Entre las mejoras que el Gobierno persigue con su plan figura también la de ofrecer los servicios públicos de una forma más clara, "con un lenguaje menos farragoso", que evite las confusiones y los equívocos que en la actualidad multiplican las gestiones en no pocos casos. "En adelante, los ciudadanos no tendrán que presentar ningún documento para certificar un dato que ya se encuentre en poder de cualquier Administración", garantizó la consejera.

El proceso de innovación tecnológica, no obstante, requerirá la instalación de unos equipos tecnológicos "modernos y eficientes", de última generación. El Ejecutivo considera que su implantación conllevará en realidad un ahorro de 24 millones de euros cada año.