"El trabajador debe primar en el derecho laboral"

Juan Miguel Torres Andrés (Alicante, 1951) es desde el 12 de mayo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Probablemente la jurisdicción que más ha visto crecer su carga de trabajo debido a la crisis económica. Hoy el Consejo de Ministros regulará vía decreto la reforma de la negociación colectiva, uno de los ámbitos que nutren a los juzgados de lo social.

Como abogado laboralista en los años setenta, José Miguel Torres frecuentaba el ambiente de los letrados que fallecieron en el atentado perpetrado en 1977 por un grupo de ultraderecha contra un despacho situado en la calle de Atocha: "Claro que conocía a Javier [Sahuquillo] y a su mujer, Lola. Conocía a casi todos los que estaban allí. Yo trabajaba en el despacho de Cristina Almeida, en la calle del Españoleto, y Javier Sahuquillo lo hacía en la misma calle".

"Es llamativo que en crisis, los peor parados sean siempre los mismos"

El derecho social hoy, según Torres, tiene poco que ver con lo que se hacía entonces. "El derecho laboral se está convirtiendo en derecho administrativo", asegura. "Pero en vez de ocuparnos de los funcionarios, nos ocupamos del personal laboral. Antes nos centrábamos más en temas como la huelga o los conflictos colectivos, y ahora abordamos más despidos de altos directivos, con cantidades desorbitadas".

Pregunta. ¿En qué más ha cambiado su profesión?

Respuesta. El derecho social va cambiando en función de la coyuntura económica. Y eso es una locura. Se ha tratado de deslegalizar el derecho del trabajo, lo que significa no regular por ley y apostar por la voluntad de las partes de la negociación colectiva. Eso en principio está bien, pero lo que pasa es que no todo el mundo tiene acceso a los sindicatos o a los comités de empresa fuertes. Hay millones de españoles sin convenio colectivo.

P. ¿La jurisdicción de lo social está colapsada?

R. La jurisdicción de lo social siempre ha sido la más rápida. La media en las sentencias de despidos está en tres meses, y en reclamaciones y sanciones, en cinco meses. El incremento de trabajo por la crisis lo están sufriendo más los juzgados de lo social. Y en la sala lo estamos empezando a notar ahora. En el último año ha habido una subida en el número de pleitos de un 15%.

P. ¿Han detectado un aumento de los despidos objetivos después de la reforma laboral?

R. Todavía no han llegado a la sala. Hay muchos despidos objetivos, pero ya se daban antes de la reforma. El despido objetivo se creó hace mucho tiempo, lo que pasa es que se utilizaba poco, porque las empresas casi no ganaban sentencias. No lo hacían porque era una cosa extraña en el cuerpo de la realidad social. Pero el Tribunal Supremo ya ha dictado muchas sentencias en las que flexibiliza la interpretación de las causas económicas, organizativas y productivas. La reforma lo que pretende es flexibilizarlo todo más. Lo que pasa es que dictar sentencias sobre previsiones es imposible. Entonces ya no se trata de derecho, sino que es un tema de oportunidad. Cada juez tendrá que buscar la razonabilidad. Pero este es un concepto jurídico indeterminado, y que depende de la forma de pensar de cada uno. El Supremo tendrá que hacer una labor de depuración muy importante, pero yo creo que al final todo va a quedar como está.

P. Una de las reivindicaciones del Movimiento 15-M es que se investigue a los gestores de los bancos...

R. Es llamativo que estemos en crisis y parezca que los peor parados son siempre los mismos. Pero en la Ley de Procedimiento Laboral prima la posición del trabajador. No creo que sea una época para restricciones, porque bastante restrictivas están ya las leyes como para que sigamos aplicando criterios restrictivos. El derecho laboral tiene que seguir siendo un derecho en el que prime esa desproporción, y que de alguna manera favorezca la interpretación que sea más ventajosa para el trabajador.

P. ¿Se puede acabar con la siniestralidad laboral?

R. Creo que es un tema fundamentalmente de prevención, y ahí está la Inspección de Trabajo. A mí lo que me parece una barbaridad es que una persona vaya a trabajar con riesgo de no volver a su casa. Y en este país eso ha parecido normal. A mí me parece que no se puede ir a trabajar con el riesgo de morir. Parece que las muertes de accidente de trabajo tengan menos categoría, y eso no está bien.