Callejón sin salida

La crisis griega se ha convertido en un auténtico callejón sin salida para las instituciones de la zona euro. Para superar una situación potencialmente catastrófica, evidente por el hecho de que Grecia necesita imperiosamente un segundo plan de rescate (no podrá acudir a los mercados de dinero en 2012 y solo dispone de liquidez para 2011), el ministro alemán de Economía, Wolfgang Schäuble, ha propuesto que los tenedores de bonos griegos prorroguen su vencimiento durante siete años. La sugerencia ha excitado el debate institucional. Bruselas y el BCE solo son partidarios de un aplazamiento si los titulares de la deuda lo aceptan voluntariamente, mientras que Berlín sostiene que los acreedores están obligados a colaborar. Los mercados han reaccionado disparando el diferencial de deuda de Portugal e Irlanda y las agencias de rating pronostican ventas masivas de títulos de ambos países, causadas por el miedo a que sean incapaces, como Grecia, de cumplir con los ajustes pactados.

La realidad es que Grecia, los países de la eurozona y el BCE se han quedado sin opciones. Los planes de rescate, tal como están formulados, son un fracaso por razones que se han expuesto con insistencia: obligan a políticas económicas restrictivas que obstaculizan el crecimiento económico, imponen plazos perentorios para volver a la estabilidad presupuestaria y comprometen a los países rescatados a pagar intereses próximos a los de mercado por las inyecciones de liquidez que reciben. Además, provocan conflictos políticos de cierta virulencia, puesto que los ciudadanos se niegan a aceptar recortes en servicios básicos. Por eso era urgente, ya desde finales de 2010, que tales condiciones fueran modificadas; urgencia que Alemania y Francia se han negado a reconocer.

En el caso de Grecia, la situación es tan grave que las soluciones se limitan prácticamente a una quita del principal de lo adeudado (nada menos que 146.000 millones de euros, gran parte en manos de bancos europeos, principalmente alemanes, que sufrieron ayer las consecuencias en el Eurostoxx) o una prórroga de los vencimientos. La primera opción equivale (así lo entenderían los acreedores) a un impago; la segunda es el mal menor. Evita que Europa se vea obligada a inyectar más dinero en Grecia (lo cual complace a Alemania) y aleja el riesgo de una quita, puesto que el aplazamiento implicaría una prima.

Pero también tiene riesgos. Los acreedores confirmarán que los planes de rescate no funcionan y encarecerán la financiación de todos los países que orbitan en la zona financiera gris de Europa. Que son casi todos, con excepción de Alemania, Holanda, Francia y quizá Finlandia. Las evidencias se imponen; los gobiernos de la eurozona han de admitir que los rescates tienen que ser reestructurados, valga la ironía, y que la gestión de la crisis financiera, pilotada ostensiblemente por Alemania y Francia, ha sido deplorable. Y lo peor es que a este callejón sin salida se ha llegado, como quien dice, por no perder votos en Baja Sajonia o en Schleswig-Holstein.