El traslado de un destacado juez conservador culmina el relevo judicial

Las maltrechas relaciones que los poderes ejecutivo y judicial mantuvieron cuando Juan José Ibarretxe era lehendakari forman ya parte de la historia. Al relevo en Ajuria Enea de 2009 le han sucedido los de los más significados cargos de la judicatura vasca. Como resultado, los jueces conservadores que abanderaron la rivalidad con el nacionalismo han pasado a segundo plano. El último de ellos, Juan Pablo González, ha solicitado el traslado a la Audiencia de Madrid. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lo ha concedido y tendrá hasta mediados de junio para hacerlo efectivo.

Aunque González está considerado un "buen profesional" en círculos judiciales, sus actitudes y manifestaciones fuera de los tribunales le han vinculado siempre a la polémica en lo referente a los símbolos de la identidad vasca. Como juez decano de Bilbao ya mantuvo un duro rifirrafe con los abogados vizcaínos debido a la utilización del euskera. Su etapa más polémica, sin embargo, fue como vocal del CGPJ entre 2001 y 2008, cuando llegó a acusar al Ejecutivo de Ibarretxe de "connivencia y tolerancia" con ETA. Fueron los momentos más duros del enfrentamiento con el poder político.

El papel de González fue decisivo en las negociaciones en el seno del Poder Judicial que en 2004 concluyeron con el nombramiento del también conservador Fernando Ruiz Piñeiro como presidente del Tribunal Superior. Este y el magistrado Antonio García fueron piezas clave del proceso que sentó en el banquillo a Ibarretxe y a Patxi López por reunirse con Batasuna en 2006. El primero no pudo repetir en el cargo el pasado año, mientras que el segundo ha dejado la portavocía de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y se ha postulado para una plaza en el Supremo.

González volvió al primer plano de la actualidad judicial vasca el pasado año, cuando pugnó por la presidencia de la Audiencia de Guipúzcoa frente al progresista Iñaki Subijana, quien al final se hizo con el puesto. Su polémica trayectoria restó protagonismo al proyecto que presentó al CGPJ para optar a la plaza.