Telefónica asume el coste del paro, pero cambiará las condiciones del ERE

Telefónica ha decidido contentar al Gobierno pero a costa de disgustar a sus sindicatos. La operadora ha mostrado su voluntad de hacerse cargo del coste del desempleo de los trabajadores que vayan al paro tras acogerse al expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicará la compañía en su filial española y que, en un principio, iba a afectar a un máximo de 8.500 trabajadores en los próximos cinco años. El coste público estimado en el caso de Telefónica será de entre 300 y 450 millones de euros, según el alcance del ERE y los trabajadores que se acojan al mismo.

Pero a cambio de ese coste, la empresa está dispuesta a dar marcha atrás y volver al diseño original del ERE -6.500 trabajadores en tres años- con el fin de no disparar el coste total del ajuste. Y ese cambio de planes, oficializado ayer en la mesa de negociación, ha levantado las iras de los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) que ven una maniobra de la dirección para cargar en realidad el desempleo en las espaldas de los trabajadores.

La paradoja de la negociación es que la operadora amenace con recortar el ERE y los sindicatos pretendan ampliarlo. Y es que en un país como España, con cinco millones de desempleados y posibilidades casi nulas de encontrar un empleo para mayores de 50 años, muchos trabajadores prefieren aceptar salir ahora de la compañía en buenas condiciones que hacerlo en un ajuste futuro en peor situación. Los sindicatos lo saben y quieren que el ERE afecte al máximo de trabajadores posibles.

En el caso del de Telefónica, las salidas se plantean a partir de 53 años, con el 66% del sueldo (además del desempleo en los dos primeros años) hasta la edad de la jubilación anticipada. Si el ERE solo tiene una vigencia de tres años, las personas que cumplen 53 años o más en ese periodo ascenderían a 8.161 por lo que el ajuste se quedaría corto, según los cálculos de CC OO. "La consecución de un objetivo máximo de 6.500 personas exige que Telefónica aclare los criterios para rechazar peticiones una vez conseguido el objetivo, con lo que se limita la voluntariedad, la universalidad y la no discriminación prometida", indicó el sindicato.

Dirección y sindicatos se volverán a ver las caras el próximo 7 de junio. El presidente de la compañía, César Alierta, prometió en la junta de accionistas que el ERE sería pactado con los sindicatos mayoritarios. Así que ambas partes están casi obligadas a acercar posturas.

El que ya se da por satisfecho es el Gobierno. La exigencia del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, de que Telefónica, como empresa con beneficios, ahorrara al Estado el desempleo se ha visto respondida. Pero también pone al descubierto sus contradicciones, ya que Trabajo sí está dispuesto a que los contribuyentes costeen con sus impuestos los 700 millones de euros del desempleo de los trabajadores de las cajas de ahorro que se acojan a los ERE dentro de la reestructuración del sector.