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El tribunal europeo considera que los PAI no son contratos públicos

El Consell acoge la sentencia como un aval a su gestión urbanística

El contrato entre un Ayuntamiento y un agente urbanizador para la ejecución de un Programa de Actuación Integrada (PAI) no es público y, por tanto, no tiene por qué adecuarse a las directivas europeas como sostenía la Comisión Europea. Así lo considera el Tribunal de Justicia comunitario que ha tumbado el recurso presentado por la Comisión contra las dos últimas leyes urbanísticas valencianas, la LRAU -ya derogada- y la LUV, ahora en vigor.

Los magistrados del alto tribunal entienden que la Comisión -órgano ejecutivo de la UE- "no ha demostrado que los contratos denunciados sean públicos" y dan por bueno los argumentos dados por España.

La resolución de Luxemburgo llega siete años después de que un colectivo de afectados por la aplicación de la LRAU -entonces en vigor- denunciara abusos urbanísticos "al amparo de la figura del agente urbanizador". Desde entonces y hasta el estallido de la crisis en 2008, el territorio valenciano ha vivido un envite urbanizador sin precedentes, que ha urbanizado decenas de miles de metros de suelo rústico en los que se han construido miles de casas, que en su mayor parte no se han vendido.

La sentencia del Tribunal de Justicia europeo fue recibido ayer por la Generalitat como un aval no solo a su legislación sino a cómo han gestionado el urbanismo en la última década. "Hoy [por ayer] terminan siete años de difamación y persecución contra el urbanismo y los dirigentes de la Comunidad Valenciana por parte del PSOE y sus adláteres", manifestó el consejero de Urbanismo, Juan Cotino.

Los magistrados europeos aseguran expresamente en el fallo que "el presente recurso versa únicamente sobre la adjudicación de contratos de urbanización conforme a las leyes de la Generalitat". La plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) recordó ayer que los informes del Parlamento Europeo -Informe Auken- son muy claros y recogen que la gestión del urbanismo valenciano ha arrojado decenas de casos de abusos a particulares.El proceso que ahora concluye se abrió de manera formal en abril de 2005. La Comisión Europea inició un expediente de infracción contra España contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada por un Consell socialista y que los posteriores Gobiernos autonómicos, ya del PP, aplicaron sin desarrollo reglamentario alguno. La CE se quejó de la falta de transparencia y de competencia entre las empresas constructoras en la aplicación de la ley a la hora de desarrollar un plan urbanístico. En opinión de la CE, esta ley y más tarde su sustituta, la LUV, vulneraba las dos directivas europeas sobre contratos públicos. El colectivo de afectados Abusos Urbanísticos No llevaba tiempo peleando para que la UE tomara cartas en el asunto y lo consiguió. Tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, a través del Informe Auken, se han pronunciado varias veces contra la legislación urbanística valenciana por los abusos a particulares derivados de estas legislaciones.

Casi una década después, el tribunal europeo insiste en que la CE no ha conseguido demostrar que las obras de conexión e integración de los terrenos con las redes de infraestructura, energía, comunicaciones y servicios públicos sean el objetivo principal del contrato entre los Ayuntamientos y los urbanizadores a los que se adjudican los PAI. "La Comisión no intentó apoyar sus propias alegaciones ni refutar las del Estado miembro [en este caso España] mediante un examen profundo de los elementos", concluyen los magistrados, que condenan a la Comisión a pagar las costas de este proceso.

"Dice", agregó ayer el consejero Cotino en alusión a la sentencia, "que nosotros no hemos hecho urbanísticamente nada mal". El diputado socialista Francesc Signes, portavoz de Infraestructuras en las Cortes la pasada legislatura, se pronunció en sentido contrario. "En absoluto valida la política urbanística de la Generalitat, ni su modelo de ocupación del suelo", manifestó. Signes aprovechó la sentencia para reclamar al consejero Juan Cotino que retome las negociaciones con los partidos políticos y los empresarios inmobiliarios para llegar a un pacto urbanístico que solucione los problemas de fondo del urbanismo valenciano. Después de varios amagos, el Consell decidió esperar a que el tribunal europeo se pronunciase antes de remozar y refundir su legislación urbanística. La plataforma Abusos Urbanísticos No ha emplazado igualmente al consejero Cotino a través de una carta a que no prorrogue indefinidamente los Planes de Actuación Integrada (PAI). Muchos de ellos se presentaron pero quedaron interrumpidos por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Consell decidió que no caducasen.

Cronología del contencioso urbanístico

- Marzo de 2005. La Comisión Europea requirió por escrito a España que varias disposiciones de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), entonces en vigor, le parecían contrarias a las directivas europeas sobre contratos públicos. España respondió que esa adjudicación no era pública.

- Diciembre de 2005. El órgano ejecutivo de la UE no está conforme con las explicaciones de España -la Generalitat no puede ser interlocutor de la UE- y emite un ultimátum para que se modifique la ley. La Generalitat, en manos del PP, sustituyó la LRAU por la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que, en opinión de la CE, incurre en los mismos problemas que su predecesora.

- Octubre de 2006. Revisada la nueva legislación urbanística valenciana y vistas las alegaciones del Gobierno de España, la Comisión Europea emite un dictamen motivado complementario al anterior.

- Enero de 2007. A la vista de que la Generalitat no adapta la LUV a las directivas de contratación pública, la Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

- Mayo de 2011. El tribunal europeo resuelve que el procedimiento de adjudicación de un PAI no puede considerarse un contrato público y por tanto no existe obligación de someterse ni adaptarse a las directivas comunitarias. Los magistrados condenan a la CE a pagar las costas del proceso.

- Reacciones. El Consell considera que el fallo avala su política de los últimos años mientras la oposición socialista reclama una legislación que evite los abusos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de mayo de 2011

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