Roger: "No es un contrato público"

El urbanista Gerardo Roger, artífice de la figura del agente urbanizador, recordó ayer que el sistema urbanístico español es singular, de ahí este viejo debate que han sostenido la Comisión Europea y el Reino de España a propósito de las leyes valencianas.

Según Roger, redactor de la derogada LRAU cuando los socialistas gobernaban la Generalitat, no son contratos públicos porque la Administración ni contrata ni paga las obras. Son los propietarios del suelo afectado por un PAI los que junto al promotor inmobiliario pagan todo el coste de la obra. "Otra cosa es que se urbanice mucho o poco. Eso es un asunto de la comunidad autónoma" no de la Comisión Europea, que carece de competencias en materia de urbanismo.

En relación con las quejas de falta de transparencia y concurrencia que denuncian desde hace años los colectivos de afectados, Roger sugiere que se encuentren fórmulas que mejoren la relación entre el urbanizador y los propietarios particulares minoritarios, que han sido los más perjudicados en el proceso de reparcelación de los PAI. Hay leyes como la vasca o la aragonesa que plantean procedimientos más transparentes para evitar precisamente que se produzcan abusos y facilitar que el constructor seleccionado para ejecutar un PAI es "el mejor y el más barato".

La sentencia del Tribunal de Justicia europeo supone un jarro de agua fría para varias sentencias emitidas por el Tribunal Supremo, que ante las denuncias de los ciudadanos, han resuelto que esta relación si se considera un contrato público y, por tanto, debe someterse a los mismos procedimientos que se emplean cuando se construye una carretera pública.