Joaquín Varela, un ejecutivo de empresa sin experiencia en el sector público

Ejecutivo procedente del campo de la auditoría, el director del Igape, Joaquín Varela de Limia Cominges, tiene un currículo sólido: licenciado en Económicas en Vigo, máster por la Escuela de Negocios Caixanova, ex alto cargo en la consultora PriceWaterhouseCooper. Está especializado en auditoría, asesoramiento legal, tributario y servicios empresariales. Fue presentado como un fichaje del conselleiro de Economía, Javier Guerra, para pilotar la agencia de desarrollo de Galicia que gestiona este año 304 millones de euros, anteriormente dirigida por el también vigués Álvaro Álvarez Blázquez.

Hasta que llegó a la Xunta carecía de experiencia en el sector público, quizá por ello su plan de reorganización del Igape no sentó nada bien en la propia Xunta. Con una fuerte contestación interna por parte de los sindicatos aprobó una nueva estructura que elevará los ya numerosos puestos directivos hasta alcanzar los 38 mandos en una plantilla de 133 personas. Los primeros puestos, todos de libre designación, se anunciaron en el Diario Oficial de Galicia en abril para cubrir seis plazas: dos subdirectores con una retribución de 56.519 euros cada uno, dos gerentes (56.519 euros), y dos responsables de unidad (50.406 euros). En plena crisis sorprendió una decisión semejante en un organismo que ya se caracteriza por pagar muy bien a su equipo de alto nivel. Joaquín Varela es uno de los escasos contratados por la Administración autónoma que cobra más que el presidente (92.000 euros brutos anuales frente a los 82.000 de Alberto Núñez Feijóo).

Los sindicatos no consiguieron que la Dirección Xeral de Función Pública paralizase el plan, que también prevé la supresión de todos los contratos temporales para contener el aumento de la masa salarial, de 6,7 millones. En esta estructura, Varela planeó cuatro nuevas áreas bajo el mando de la secretaria general: financiación, competitividad, planes de desarrollo territorial y Galicia@word, para promover el comercio exterior.

Mientras engorda la plantilla, el Igape va a recurrir a contratos con terceras empresas para seguir con su actividad. Ocurre con las cinco oficinas comerciales en otros países, que se están desmantelando para ponerlas en manos de la Confederación de Empresarios a través de un convenio a cuatro años por el que la patronal cobrará 18 millones de euros. En abril, el Igape anunció otro procedimiento para contratar, por más de un millón de euros, "servicios de análisis, seguimiento, control y evaluación de diversas líneas de actuación del Igape".

Varela también ha tenido que vérselas con sonadas crisis, como las de Clesa, Alfageme o Vulcano. En la conservera cortó las líneas de avales que tan generosamente había canalizado el instituto durante la etapa del bipartito. Su política de crédito se centró en ayudar a las pymes y en los proyectos de inversión, sin olvidar la tramitación de miles de subvenciones a particulares para la compra de coches.

En círculos empresariales la sorpresa por su detención sigue siendo mayúscula, dada su impecable trayectoria profesional. "Hay que respetar la presunción de inocencia", insistía el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, José Manuel Fernández Alvariño. La perplejidad llega incluso al Igape. "O es muy buen actor o alguien le ha metido en un lío", aseguran fuentes internas.

Carlos Silva, subdirector también arrestado, tiene una experiencia de 16 años en el instituto de la Xunta. En 2000 ascendió para ocuparse de gestionar los servicios que informan a los empresarios de cómo pueden conseguir subvenciones. Es el responsable del call center y de la red de oficinas del organismo en Galicia, pero "no tiene competencias para firmar informes sobre la concesión de subvenciones a las empresas", explican desde el instituto.