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EL FIASCO DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA | Elecciones municipales y autonómicas

Un macroproyecto paralizado

Uno de los mayores fiascos de la legislatura ha sido sin duda el Campus de la Justicia. Este macroproyecto para agrupar las 23 sedes judiciales con que cuenta la capital en la zona de Valdebebas, junto al aeropuerto de Barajas, ha quedado en el cajón de asuntos pendientes. La falta de financiación para levantar unos edificios que eran la flor y nata de la arquitectura contemporánea ha hecho que las ideas de las grandes firmas ganadoras se queden, de momento, en el papel.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, junto a una cohorte de seguidores se hizo el 31 de enero de 2007 una de las fotos que más anhelaba. La colocación de la primera piedra del enorme Campus de la Justicia, suponía emplear una parcela de 300.000 metros cuadrados para levantar edificios circulares. Formaban parte de este entramado firmas de prestigio internacional como Norman Foster, Zaha Hadid, Richard Rogers e Iheo Pei Ming. Los cuatro, premios Pritzker (el Nobel de la arquitectura).

Aquello, efectivamente, se quedó en una foto y poco más. Cuatro años después, solo se ha levantado el edificio del Instituto de Medicina Legal (IML), del arquitecto Alejandro Zaera-Polo. El inmueble permanece cerrado y con vigilancia las 24 horas del día, porque no puede ser abierto. Carece de electricidad. Antes de utilizarlo se necesitaría poner en marcha la subestación transformadora prevista para el campus.

El nuevo campus se financiaría con la venta de los inmuebles de las actuales sedes judiciales. Eso es al menos lo que presentó el anterior consejero de Justicia, Alfredo Prada, a sus compañeros del Consejo de Gobierno, que le dieron el visto bueno. La flor de la corona para esa transacción económica iba a ser los actuales juzgados de la plaza de Castilla. Pero la realidad, y en especial la crisis, aparecieron cuando el proyecto comenzaba a andar. Y las cuentas no salían. No servía de nada la venta o el ahorro por no tener que pagar el alquiler de las 23 sedes judiciales de la capital. No había dinero suficiente para financiar los 300 millones de la primera fase. El precio global rondaría los 1.000 millones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de mayo de 2011