Bruselas planea una polémica orden para proteger a maltratadas

La Comisión Europea aprobará hoy la propuesta que busca garantizar a las víctimas de todo tipo de violencia en un país la protección o la correspondiente orden de alejamiento cuando se desplacen a otro de la Unión Europea. El reglamento, que será efectivo en un plazo de entre nueve meses y un año, parece lleno de agujeros y lleva en sí una cuestión cuando menos polémica: las autoridades del país de destino del agredido deberán notificar al agresor dónde está su víctima. En España, por ejemplo, en casos de violencia machista existe la posibilidad de declarar ese destino secreto.

"Tuvimos intensas discusiones con el Gobierno español sobre la certidumbre legal en la aplicación de la orden de protección europea", recuerda en su despacho, Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de justicia en la Comisión Europea, donde sonríe al evocar el espectacular encontronazo público con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. "Yo quería que la protección a la víctima fuera un auténtico derecho. Ahora, la propuesta de los Estados ha quedado limitada a Derecho Penal y he presentado otra que cubre el Derecho Civil. Aplicadas ambas en conjunción formarán el paquete que hará que ninguna víctima quede desprotegida por el hecho de que distintos Estados de la UE tienen diferentes sistemas de protección".

La propuesta de Reding puede ser disuasoria para las maltratadas

En algunos países, como España, la agresión es abordada por el Código Penal. En otros es un caso civil o administrativo, señala la comisaria, que recurre a un ejemplo para explicar la situación. "La agresión sexual en España es un asunto penal. Es el juez quien dicta una orden de protección en su favor. Con el nuevo sistema, si esa mujer viaja a Luxemburgo -donde no es un delito penal, pero existen medidas de protección administrativas, muy eficaces- verá extendida esa protección aunque no le llegue por vía penal", dice.

Es la visión ideal y de mundo perfecto de los despachos, que contrasta con la realidad del texto legislativo. "La propuesta proporciona un mecanismo rápido y efectivo que garantiza que el Estado al que viaja la persona en peligro ofrece las misma medidas de protección que el Estado de origen, sin formalidades intermedias", dice el reglamento. Justo antes de que se hagan notar tres aspectos incómodos para el protegido, que llevados al extremo se convierten en cargas disuasorias.

La cualidad de víctima, establece el plan de Reding, quedará recogida en un certificado acreditativo, que esa persona deberá traducir a la lengua del país de destino. Primera molestia. A esa formalidad le sigue el hecho de que "la persona que reciba un certificado emitido por la autoridad competente del primer Estado [el de origen de la víctima], bien de oficio o a petición de la persona protegida, deberá contactar a las autoridades del segundo Estado para entregarles el certificado". No será una comunicación oficial entre autoridades sino de la persona a proteger con cada una de las jurisdicciones. Este segundo inconveniente queda eclipsado por la obligación del Estado de destino de revelar al agresor datos que el sujeto amenazado probablemente querría ocultar. "La autoridades competentes del segundo Estado notificarán a la persona causante del peligro la extensión geográfica de la medida de protección extranjera, las sanciones aplicables en caso de su violación y garantizarán su cumplimiento".

Es algo incomprensible para las asociaciones de víctimas. En España, por ejemplo, el agresor con orden de alejamiento suele conocer el domicilio de la víctima, porque habitualmente es el mismo que cuando eran pareja. Pero existe la posibilidad de que esos datos, si son nuevos, sean declarados secretos por el juez, algo que los expertos esperan que se introduzca en el texto de Reding.

El reglamento establece también que los instrumentos de protección del Estado de destino pueden no ser los mismos del país de procedencia, aunque sí deben tener "efectos equivalentes y buscar los mismos objetivos". La propuesta de reglamento pasará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo (los Gobiernos de la UE). Durante ese proceso, el texto puede retocado a fondo.