El juego de las tres esquinas
El magistrado Baltasar Garzón, suspendido hace un año cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional debido a su situación procesal, aguarda la fijación de la vista oral de dos de los tres procedimientos abiertos por prevaricación en el Supremo, relacionados con la exhumación de enterramientos clandestinos durante la Guerra Civil en la zona sublevada y con escuchas en locutorios carcelarios de las conversaciones entre los imputados del caso Gürtel y sus abogados. La Sala Especial del Supremo deberá pronunciarse antes sobre la recusación por el imputado de varios magistrados procesalmente contaminados que deberían juzgarle. La tercera querella, referida a un curso universitario en Nueva York financiado por el banco Santander, no ha sido elevada todavía a la fase de juicio oral.
El sumario del 'caso Gürtel' regresa al juzgado de la Audiencia Nacional del que fue titular Garzón
La Constitución confía la función acusatoria no solo al fiscal, sino también a la acción popular y a la acusación privada. En ese juego procesal de las tres esquinas, el ministerio público se ha opuesto a todas las querellas interpuestas contra Garzón. La acción popular -ejercida por titulares tan extraños como Manos Limpias y Falange- ha puesto en marcha los procedimientos sobre las fosas del franquismo y los cursos de Nueva York. Institución de vieja data, la acción popular ha sido sometida a restricciones o se ha extinguido en otros países europeos debido a la consolidada independencia del ministerio público y a los abusos cometidos por las organizaciones políticas, asociaciones ideológicas o grupos de intereses al utilizarla; en España, la frecuente manipulación de esta figura para situarla al servicio de objetivos ajenos a la Administración de la justicia arroja inquietantes dudas sobre las intenciones ocultas de las querellas interpuestas contra Garzón. Finalmente, la acusación privada, accesible a los damnificados por los delitos, solo está presente en el procedimiento de las escuchas telefónicas.
La filtración de los debates del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de amparo interpuesto por el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa contra su condena en el Supremo por un delito de desobediencia -del que había sido acusado en solitario por la acción popular a cargo del sindicato Manos Limpias- está indirectamente relacionado con el futuro procesal de Garzón. El banquero Emilio Botín había sido absuelto en el Supremo dos meses antes -febrero de 2008- por un delito financiero arguyendo que no cabe la apertura de juicio oral en un procedimiento abreviado si lo solicita únicamente -como era el caso- la acción popular sin acompañamiento del fiscal y de la acusación privada. A Juan María Atutxa, sin embargo, se le negó la aplicación de la doctrina Botín, pese a que también la acción popular había sido la única instancia impugnadora: el motivo fue que no había daños particulares legitimadores de una eventual acusación privada, sino únicamente bienes colectivos, susceptibles en cambio de defensa por la acción pública en el caso de que el fiscal desistiera. Si el TC reconciliase ahora la doctrina Botín con la doctrina Atutxa para negar a la acción popular capacidad de abrir en solitario cualquier juicio oral, la defensa letrada de Garzón podría desactivar dos de los tres procedimientos en marcha: la exhumación de las víctimas del franquismo y los cursos de Nueva York patrocinados por el banco Santander.
Solo quedaría en pie el caso más peliagudo: la orden dada a la prisión de Soto del Real por el suspendido juez de la Audiencia Nacional para grabar las conservaciones de Francisco Correa con sus abogados en el locutorio de la cárcel. Ciertamente, esas escuchas rozan cuando menos -aunque no sean un acto de prevaricación- la integridad del derecho constitucional a la defensa. Sin embargo, las grandes maniobras emprendidas desde el principio por el PP -con Federico Trillo como mariscal de las operaciones- para conseguir por cualquier medio la nulidad de las actuaciones de la trama Gürtel justificarían las sospechas del más ecuánime e ingenuo observador. Solo los caprichos del azar o el cálculo de los estrategas podrían explicar que Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfredo Bosch Tejedor, los tres diputados autonómicos del PP que arrastraron la tramitación del sumario Gürtel desde la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por razones de fuero, renunciaran a su escaño el pasado 28 de abril cuando la instrucción estaba prácticamente concluida. Porque hete aquí que, una vez desaparecido el aforamiento de los parlamentarios populares, el sumario volverá por arte de magia procesal al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional... pero con Garzón suspendido en sus funciones como titular.
