Elecciones municipales y autonómicas

Dependencia a medias

Gobiernos del PSOE y del PP suspenden en distintas autonomías al aplicar la principal apuesta social de Zapatero

No es fácil para ninguno de los dos grandes partidos armar un discurso general sobre la Ley de Dependencia que sirva en todas las comunidades ¿Qué pueden decir los populares en Madrid o Valencia? ¿Qué explicarán los socialistas en Baleares? Ante panorama tan desigual, el PP recurre al "esfuerzo que hace cada comunidad por desarrollar una ley mal financiada por el Gobierno central". Y el PSOE recuerda que esta ley "es una de las grandes conquistas en materia de derechos sociales de esta legislatura, que no existiría si hubieran gobernado los populares".

Vale. Pero para unas elecciones generales. No se escuchan, sin embargo, grandes ataques de los populares al Gobierno de Castilla-La Mancha con el arma de la dependencia. Ni es el asunto estrella de la oposición socialista en La Rioja, porque en ambos territorios aprueban con nota en su gestión con los dependientes. "Nuestro compromiso es firme en todos lados, seguiremos con la Ley de Dependencia, ni un paso atrás; allá donde vaya bien, pues ampliando los servicios que se prestan, y mejorando donde sea más necesario, teniendo en cuenta la generación de empleo que trae aparejada esta ley. Nuestra apuesta no es solo por la dependencia, sino por los servicios sociales en general", explica la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez.

Canarias, Valencia, Baleares y Madrid están a la cola en las estadísticas
300.000 personas esperan todavía la ayuda que les corresponde
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Los socialistas recuerdan las ocasiones en que los líderes populares han hablado de paralizar la ley por falta de recursos económicos. A eso contesta la portavoz popular en la Comisión de Política Social en el Congreso, Lourdes Méndez: "La dependencia está garantizada, se va a mantener. Es cierto que cada comunidad tiene su idiosincrasia, pero los esfuerzos que se están haciendo seguirán", asegura.

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La Ley de Dependencia ha levantado muchos recelos entre comunidades porque los ciudadanos saben que los cuidados que reciben los dependientes son distintos en unos sitios y en otros. Y eso puede pasar factura en las elecciones. La defensora del Pueblo recibe decenas de quejas sobre esta cuestión. En su último y reciente informe recuerda que "la mayor parte de las quejas planteadas [...] siguen afectando a las comunidades de Madrid y Valencia y hacen referencia a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes". Otra comunidad aparece siempre a la cola en las estadísticas oficiales, Baleares. Pero la que se lleva la palma es Canarias, siempre la última.

"Resulta preocupante que una tercera parte de la población española reside en comunidades donde no hay voluntad o capacidad de implantar este sistema, un derecho que debe ser igual para todos", lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Y es inadmisible convertir algo tan sensible, como son las necesidades más básicas de la vida diaria de las personas en situación de dependencia y sus familiares, en un terreno para el enfrentamiento político", añade.

En toda España ya hay 735.000 personas que reciben alguna ayuda por dependencia, pero son más de 300.000 las que tienen derecho a ella y aún no la perciben. La triste lista de espera. Y eso que algunas comunidades, después de años de retraso, han dado un estirón a sus estadísticas; unas poco a poco, y otras, como los malos estudiantes, dos días antes del examen. La dependencia, como casi todo, necesita más dinero. Quizá el Gobierno no ponga el suficiente, pero más grave es que en unas comunidades y otras, los gobernantes acuden a estas elecciones sin que se sepa aún cuánto han puesto ellos, obligados como están a cofinanciar esta ley.

Se trata de una norma joven, y las estadísticas oficiales tienen todavía muchas trampas. ¿Están reflejadas todas las solicitudes que se cursan? ¿Cuántos de los ciudadanos registrados ya lo estaban antes de la ley? Más vale que los datos sean fiables, porque las comunidades reciben dinero por ello. Y porque cuando cambian los Gobiernos aparecen las miserias debajo de la alfombra.

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