Los afectados por un PAI podrán avalar con su terreno

En pleno debate electoral plagado de promesas sobre si la entrega de una vivienda al banco cancela la deuda hipotecaria contraída por el propietario, que tuvo su inicio en una sentencia de la Audiencia Foral de Navarra del 25 de abril de este año en la que se reconoció la dación en pago de un piso porque su valor era superior al importe de la deuda hipotecaria, el juzgado contencioso administrativo número 2 de Alicante ha dictado una sentencia que supone un auténtico varapalo para los agentes urbanizadores y las entidades bancarias de la Comunidad Valenciana. En una resolución del 12 de mayo de 2011, los tribunales reconocen el derecho de los propietarios de suelo a avalar con sus terrenos el pago de las cuotas de urbanización que hasta ahora habían tenido que garantizar con un aval bancario al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada en 1994.

Esta pionera sentencia llega tras el recurso presentado por la mercantil Promotosa Construcciones, SL, adjudicataria de la condición de agente urbanizador del PAU-1 El Murtal en el término municipal de Benidorm.La mercantil Promotosa Construcciones, SL, acudió a los tribunales a raíz del acuerdo plenario del 28 de diciembre de 2009 del Consistorio benidormense en el que se aprobó que "previa comunicación a los agentes urbanizadores correspondientes y previa solicitud de parte en este sentido, se proceda a la devolución de las garantías financieras (avales bancarios) constituidos por los propietarios afectados por la actuación urbanística en expedientes de programación del suelo" en la capital turística valenciana, acuerdo cuya legalidad ha sido ratificada ahora por el juzgado.

En la práctica, la primera sentencia conocida en este sentido supone un alivio para los centenares de pequeños propietarios de suelo en los diferentes planes parciales repartidos por toda la Comunidad Valenciana, que ahora podrán liberarse de los gastos ocasionados por los avales bancarios que debían mantener frente a los urbanizadores.

Desde ahora, podrán optar por ofrecer sus terrenos en garantía del pago futuro de los gastos de urbanización del PAI. La sentencia también es un foco de problemas para las empresas, ya que en el actual escenario de crisis económica dejarán de tener garantías financieras y deberán acumularlas sobre las llamadas garantías reales. Es significativo que el juzgado reconozca que "las normas deben ser aplicadas de acuerdo con la realidad social del tiempo".

Indemnización

La sentencia es muy clara, dado que incluso rechaza concederle un periodo de trámite de audiencia al urbanizador, porque se trata, literalmente, de "una decisión de la Administración que afecta a una pluralidad de personas (no solo a la totalidad de los agentes urbanizadores que promueven actuaciones en el término municipal de Benidorm sino a cada uno de los propietarios afectados por cada una de las actuaciones promovidas por dichos agentes urbanizadores)".

Promotosa es la mercantil de Francisco Gómez Hernández, más conocido como El Paloma, que resultó adjudicataria del Murtal, un plan parcial con 150.000 metros de techo -unas 2.000 viviendas- que ha reclamado también por vía judicial una indemnización de 74 millones de euros por responsabilidad patrimonial derivada de una supuesta inactividad municipal en la tramitación del proyecto de reparcelación del sector.