Un nuevo fármaco contra el cáncer

En estos días asistimos a un enfrentamiento entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, a cuenta de la posibilidad de crear una agrupación de interés económico mediante la cual podría financiarse con capital privado un proyecto de investigación dirigido por el doctor Barbacid y que persigue obtener un nuevo fármaco contra el cáncer de pulmón.

Aunque considero que el Ministerio es en gran medida responsable del grado de mercantilización que ha alcanzado la investigación que se lleva a cabo tanto en la Universidad como en los organismos públicos de investigación, me gustaría pensar que la razón última por la que la Administración se opone a que la empresa privada financie el citado proyecto tiene que ver, más allá de enredos jurídicos al uso, con la defensa del componente de responsabilidad social que debe alumbrar a toda investigación que se realice en un centro público, y que en este caso supondría vigilar que se permita el acceso al nuevo fármaco a las personas y países que no posean medios suficientes para hacer frente al pago de los derechos de explotación del mismo, tal y como recoge la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

Al investigador responsable le corresponde, además de no hacer declaraciones carentes de sentido, entender y explicar, tal y como contempla el manual ético en estos casos, las verdaderas pretensiones de un capital privado dispuesto a invertir 50 millones de euros en el proyecto que nos ocupa.