Vísperas de cambio

A tan solo una semana de las elecciones municipales y autonómicas, poco o nada han cambiado los pronósticos acerca de lo que cabía esperar de la campaña y de los adversos resultados para el Partido Socialista. El país parece mantenerse a la espera de que las fuerzas políticas desarrollen los actos electorales previstos con la indiferencia de quien asiste a un rito imprescindible, pero incapaz de influir, sin embargo, en la decisión de acercarse a las urnas y en el sentido del voto. La causa de la patente ausencia de movilización y de interés público tiene que ver, no con lo que los partidos han dejado de hacer en lo que va de campaña, sino con lo mucho que han hecho antes de que comenzase. Los mensajes políticos -o más bien las consignas y los eslóganes simplificadores- escuchados durante estos días no difieren un ápice de los que se han venido oyendo hasta el hartazgo a lo largo de los dos últimos años.

El Partido Popular ha conseguido convertir la campaña para unas elecciones autonómicas y municipales en un preámbulo de las generales, ante la impotencia del Partido Socialista para situar el debate en el ámbito que correspondía, que es el de las comunidades y los Ayuntamientos. Mariano Rajoy está recorriendo el país para ofrecer lo que no está en manos de los poderes locales y regionales, como es la creación de empleo. Tampoco es seguro que pudiera hacerlo un eventual Ejecutivo popular, sobre todo si, como parece, su programa se reduce a conferir poderes taumatúrgicos a la llegada de Rajoy a La Moncloa.

Ni siquiera contra este discurso elemental y contrario a cualquier lógica ha conseguido el Partido Socialista articular una respuesta que movilice a su electorado y sume nuevos votantes. Salvo que cambien las tornas durante la próxima semana, el voto del miedo habría agotado sus efectos tras las elecciones generales de 2008. Y no porque el Partido Popular haya centrado su posición, puesto que lo único que ha hecho ha sido dispersarla afirmando ante cualquier problema una cosa y la contraria.

Si se confirman los pronósticos de hoy, el Partido Popular podría sentar el próximo domingo las bases de una hegemonía política inédita en el sistema democrático español. De obtener una aplastante mayoría del poder autonómico y local, según apuntan los sondeos, su estrategia de exigir el adelanto de las elecciones generales saldrá reforzada. Inmerso en la sucesión de Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista encara graves dificultades para formular y ejecutar iniciativas políticas que den sentido a los meses que restan oficialmente de legislatura. De nada sirve llorar sobre la leche derramada, lamentando que Zapatero y su entorno, tanto dentro como fuera del Gobierno, desoyeran en su momento las voces críticas o se conformaran con descalificarlas achacándolas a inicuas u oscuras motivaciones. Al final, lo que podría estar en juego a partir del próximo domingo es la existencia de un efectivo contrapeso político al PP, además del futuro de la izquierda en España como alternativa de poder en un plazo más o menos previsible.

La crisis económica ha hecho aflorar la crónica insuficiencia presupuestaria del poder municipal, salvada hasta ahora por el espejismo de abundancia provocado por la burbuja inmobiliaria: los Ayuntamientos han financiado gastos corrientes con ingresos extraordinarios que creyeron inagotables. El poder autonómico, por su parte, ha hecho frente a las dificultades endureciendo sus reclamaciones ante el Gobierno central, que no está en condiciones de atenderlas por la imperiosa necesidad de reducir el déficit. Por el momento, la campaña electoral no solo no ha servido para conocer la respuesta de las distintas fuerzas políticas a una situación que, tras el día 22, no admitirá más dilaciones, sino que se ha desarrollado como si estos problemas no existieran. Si el mapa político español experimenta un vuelco en una semana, lo que permanecerá invariable es la situación presupuestaria y financiera de autonomías y municipios, y los ciudadanos habrán sido invitados a votar a ciegas.

Retroceso del PSOE

La encuesta que hoy publica EL PAÍS apunta a un retroceso significativo de las expectativas electorales del Partido Socialista, tanto en términos reales como simbólicos. Por primera vez desde la instauración del sistema democrático, el Partido Popular tiene serias posibilidades de gobernar en comunidades como Castilla-La Mancha y Ayuntamientos como el de Sevilla, tradicionales feudos socialistas. También podría convertirse en la fuerza decisiva para que Barcelona pase a manos de Convergència i Unió, prefigurando, de suceder, una aproximación entre el nacionalismo catalán y el Partido Popular que parecía inviable tras los avatares políticos y judiciales del nuevo Estatuto. Si a ello se suman las incertidumbres sobre Extremadura, las elecciones del próximo domingo pueden significar un cambio de ciclo político no circunstancial, sino determinado por poderosas corrientes de fondo.

Además de consolidar su poder en Madrid, el Partido Popular, de acuerdo con la encuesta, ampliaría su ventaja en la Comunidad Valenciana. Lejos de hacer mella en el Gobierno de Camps, el caso Gürtel no le impediría mejorar los resultados anteriores. A falta de una respuesta política que tendría que haberse producido mucho antes, serán los tribunales quienes, finalmente, decidirán el futuro de Camps, con el consiguiente descrédito para las instituciones y para el sistema constitucional.

La encuesta sugiere el inicio de un nuevo ciclo en la política española, capitalizado por un líder que, como Mariano Rajoy, no ha hecho méritos y por un partido que, como el Popular, ha hecho de la posibilidad de la victoria su única bandera. Para el resto de las fuerzas, a comenzar por los socialistas, se estaría acercando la hora de reflexionar para construir una alternativa viable. En un sistema como el español, no solo la alternancia, sino también el reparto del poder autonómico y municipal, es la condición necesaria para estimular el debate, reforzar el control y evitar los abusos.