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Barroso amenaza con sanciones a Dinamarca por el control de fronteras

La Comisión Europea cuestiona la legalidad de los puestos aduaneros

La legalidad de los anunciados planes daneses de establecer controles aduaneros fijos en sus fronteras con Alemania y Suecia suscita tan "serias dudas" a los servicios jurídicos de la Comisión Europea que el presidente José Manuel Durão Barroso ha pedido al primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, que se contenga y no haga nada sin antes haber hablado con la Comisión. Barroso le advierte de que el Ejecutivo comunitario tomará todas las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto a la legislación comunitaria. Bruselas sospecha que los propósitos daneses suponen una violación de la libertad de circulación de bienes, personas, servicios y capitales, principios sobre los que se sostiene la Unión, y del propio régimen de Schengen.

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A las pocas horas de que los otros Gobiernos de la Unión hicieran el jueves un ejercicio de dontancredismo ante el anuncio que les hizo el ministro de Integración danés en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior, Barroso se revolvió en los términos más duros ante Dinamarca.

El presidente de la Comisión habló telefónicamente por la mañana con Rasmussen y de la conversación dedujo que los planes daneses suponen "el establecimiento de una presencia aduanera en las fronteras, la construcción de nuevas instalaciones, la contratación de personal adicional de aduanas, amplia videovigilancia y apoyo policial", según resume él mismo en la carta remitida ayer al primer ministro y luego hecha pública. A primera vista, "esas medidas cuestionan el funcionamiento del Mercado Único y los beneficios que un área integrada sin fronteras internas supone para empresas y ciudadanos", hace notar el presidente la Comisión.

Un primer análisis legal recibido tras la conversación confirma todos los temores de Barroso. El estudio "plantea serias dudas sobre si la aplicación de las medidas propuestas de la forma 'intensiva y permanente' en que han sido anunciadas se ajusta a las obligaciones de Dinamarca" ante el derecho comunitario e internacional y en particular a las provisiones europeas "sobre libre circulación de bienes, personas, servicios y capital y del Código de Fronteras Schengen". A primera vista, y según Barroso, un derribo en toda línea de los pilares básicos de la Unión Europea.

Recuerda Barroso a Rasmussen que los Estados de la UE "no pueden realizar controles sistemáticos en las fronteras interiores, ya sea sobre bienes o personas", aunque sean factibles "de forma circunstancial por razones de causa mayor de interés público y siempre respetando el principio de proporcionalidad". Es decir, como último recurso y si no hay otro sistema menos radical de conseguir el objetivo.

Rasmussen aseguró a Barroso que cualquier medida que vaya a poner en práctica su Gobierno se ajustará a la legalidad comunitaria, de lo que Barroso toma nota, pero no como los ministros el jueves, que asintieron sin más. "Le insto a no dar pasos de forma unilateral y a establecer un diálogo abierto con la Comisión antes de adoptar cualquier medida" para asegurarse de que son compatibles con las obligaciones danesas en la Unión, escribe el presidente.

Ante la parquedad de la información ofrecida por Copenhague, Barroso reclama a Rasmussen los detalles técnicos y jurídicos previstos para ejecutar las medidas anunciadas y le advierte que si el proceso de información no da resultados satisfactorios, la Comisión tomará "todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a la legislación pertinente". Las medidas suponen un largo procedimiento de advertencias y sanciones que, en su caso extremo, puede llegar hasta el Tribunal de Luxemburgo y tardar años en resolverse.

El ministro danés de Integración, Soren Pind, defendió el jueves la decisión de establecer controles en las fronteras interiores (pactada con el extremista Partido Popular Danés oficialmente para combatir la delincuencia organizada y la evasión fiscal) diciendo que en Suecia se hace algo semejante. Cecilia Malm-ström, la comisaria sueca de Interior que será la interlocutora de Copenhague en el proceso aclaratorio que Barroso reclama, sale al paso del paralelismo y explica que su país no tiene puestos fronterizos visibles.

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