Activistas en el punto de mira

"No pensamos volver, no hay seguridad para defender los derechos humanos, el conflicto cada día se acentúa más", explica el colombiano Zacarías Enciso Ruíz, y su esposa María Elisa Herrera, que llevan viviendo un año en Alicante, gracias a un Programa de Protección a Defensores Humanos de Aministía Internacional. La pareja, con una niña de 11 años, se muestra feliz porque el Gobierno acaba de reconocer su condición de refugiados y el derecho a asilo político. "Estamos contentos y tranquilos, ahora podemos rehacer nuestra vida".

Zacarías era un líder sindical campesino, de la asociación Agroguejar en el departamento de Meta, en el parque de La Macarena. Una zona rural, donde apenas había inversión social ni fuerzas del orden público, con una economía muy inestable. "La guerrilla y los paramilitares se disputaban el territorio", recuerda Ruíz. En 2004 llegó el Ejército y empezó a cobrar. "Hubo tensión, si la guerrilla pedía nosotros éramos culpables, y si el ejército extorsionaba también", asegura.

Ruíz: "El Estado en Colombia no quiere cortar de raíz el problema"

El matrimonio sufrió un atentado que les obligó a irse

Ante este panorama las juntas comunales empezaron a organizaarse, y diseñaron un plan para cambiar la base económica. Se reubicaron 500 familias en otras parcelas para dejar de cultivar planta de coca, plantaron otros cultivos y percibían un subsidio. El plan era perfecto, pero a partir de 2008 empezaron los problemas, las instituciones se desvincularon. "El Estado colombiano juega sucio, no quiere acabar con el problema de raíz", se lamenta Zacarías. "Allí las personas que trabajan por los derechos humanos las miran con malos ojos, y se siente amenazadas", tercia su esposa.

El detonante fue un atentado que sufrieron al regresar de una reunión en la que reclamaban vías legales para acabar con el conflicto. "De nada sirven las denuncias ni a la Defensoría, ni Procuraduría y Fiscalía, los campesinos eran víctimas de detenciones arbitrarias, robos y violencia", se quejan, y cuentan como la pugna entre la guerrilla y el Ejército no trasciende. "Tras el atentado tuvimos claro que no había seguridad y que debíamos marchar", admiten.

En su opinión, el anterior Gobierno colombiano "se equivocó, todo conflicto termina dialogando y no por la fuerza". Y el problema ahora es que la tensión se traslada de la zona rural a las urbes, y "los señores de la guerra, que negocian con las armas, sacan dinero, y mientras tanto los líderes sociales están en el punto de mira", concluyen.

Aministía Internacional les consiguió un piso en Alicante. Ahora Zacarías estudia un postgrado de cooperación internacional en la Universidad y recibe clases de hostelería, y María Elisa estudía geriatría, para intentar conseguir un trabajo para volver a empezar.