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Las cursos de educación sexual se reducen un 65%

La presión del arzobispado frena las clases en los institutos

La concesión de la Generalitat a las presiones del arzobispado de Valencia y de los grupos católicos más conservadores en materia de educación sexual escolar ha conseguido frenar la generalización de los Programas de Intervención y Educación Sexual (PIES) en los institutos valencianos. Los cursos, que desde hace dos años académicos impartían técnicos y enfermeros de Sanidad a los cerca de 40.000 alumnos que estudian 3º curso de Secundaria en los institutos públicos y concertados, se han quedado reducidos este año a unos 14.000 alumnos. Esto supone una brusca reducción, que afecta al 65% del alumnado matriculado en esa etapa. "Somos un caso único en el Estado entre los profesionales sanitarios que hemos impartido estos cursos o talleres desde hace 30 años", denunció ayer en rueda de prensa Vicent Bataller, médico, cirujano y sexólogo que representa a la Sociedad Española de Intervención en Sexología y la Sociedad Española de Contracepción.

Nace la Plataforma en Defensa de una Educación Sexual Científica

Bataller: "Somos un caso único en el Estado entre los profesionales"

El número de aulas en las que se imparten los PIES ha pasado, pues, de 1.480 el curso pasado a sólo 588 en el actual, según precisó Carlos Gómez, el representante de la Coordinadora de la Lucha contra el Sida, que alertó de la "preocupación" entre los sanitarios valencianos por el incremento del VIH entre jóvenes de 15 a 22 años.

Estos datos fueron puestos ayer sobre la mesa durante la presentación oficial de la Plataforma en Defensa de una Educación Sexual Científica que integra a 33 asociaciones autonómicas, federaciones estatales y sindicatos, con el objetivo común de defender una educación sanitaria objetiva que prevenga a los adolescentes de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y el respeto a la diversidad sexual y a los diferentes tipos de familia. La Iglesia considera "familias disfuncionales" las de padres separados, monoparentales o las formadas por homosexuales o transexuales.

Las razones del frenazo a la generalización de la educación sexual -pese a estar consagrada en la Ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva desde marzo de 2010- se encuentran en el giro copernicano emprendido a finales del curso pasado por la Consejería de Educación, que dirige Alejandro Font de Mora.

Tras las quejas del arzobispado de Valencia en mayo pasado, por considerar que los PIES fomentan la "promiscuidad" y las presiones en contra de los sectores más ultracatólicos -los mismos que objetaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía en 2008-, el departamento de Font de Mora remitió en julio una circular a los centros informando de la suspensión "temporal" de los PIES. Y doblegó a la Consejería de Sanidad para que formara a psicopedagogos escolares, como condición para autorizar un programa en un centro.

En paralelo, Educación ha preparado una orden -solo para los centros educativos públicos (los privados concertados están exentos)- que obliga a "pasar otro filtro": la autorización expresa de la Secretaría Autonómica para poder impartir el programa de Sanidad. Y ha claudicado ante los padres objetores, remitiendo otra circular a los centros, en la que promueve la exención de los padres a estos programas.

Este alambicado procedimiento ha retrasado los cursos hasta marzo y se ha topado con la "falta de psicopedagogos", por diversas razones "porque no pueden o no quieren", aclaró Santiago Estañán, psicopedagogo de un instituto de Valencia.

Las zancadillas de Educación a los programas PIES han sido inversamente proporcionales a la flexibilidad de esta consejería con la Iglesia. En el mismo periodo, el Arzobispado ha elaborado y distribuido, con el visto bueno de Educación, un manual basado en la abstinencia, hasta el matrimonio eclesiástico, como único método anticonceptivo; la masturbación como vicio; y el no reconocimiento de la homosexualidad como una opción, siguiendo la doctrina del Instituto Juan Pablo II. El manual, según el doctor Bataller, "raya la ilegalidad", porque "se salta a la ligera la Ley de Salud Sexual" y, por tanto, es "recurrible".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 14 de mayo de 2011