El chalé, el constructor y la judicialización de la política
La pugna entre Javier de Andrés y Carlos Jiménez supone un capítulo más de la judicialización de la política alavesa, mientras en un juzgado de Vitoria y en el Parlamento siguen vivas las investigaciones por la supuesta trama de corrupción urbanística y concesiones irregulares de contratos del caso De Miguel. Esta causa, por la que están imputados varios exaltos cargos y dirigentes peneuvistas, y la derivada de él surgida de presunto espionaje a personalidades de la vida alavesa - el conocido como caso Tellería- lleva desde que estalló hace más de un año afectando de lleno al PNV provincial.
Jiménez afirma en su denuncia que De Andrés compró un chalé en condiciones preferentes por 206.365,48 euros a la constructora Yarritu, a la que autorizó sobrecostes millonarios en los trabajos de la AP-1 cuando era diputado de Obras Públicas. Las viviendas están edificadas en terrenos del Ayuntamiento de Vitoria, que fija el precio de venta. De Andrés recalca que cuando se formalizó la compra "en 2001 y 2003" no era diputado de Obras Públicas.
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