La caja suspende el recorte salarial pero avisa que el ajuste es inevitable

Las burbujas, excepto la inmobiliaria, se pinchan rápido. El ajuste de salarios en Novacaixagalicia, que se presentó con reducciones que podrían alcanzar hasta el 20% de los salarios, se ha quedado en nada, por ahora. La empresa, sin embargo, no renuncia al objetivo de rebajar la factura de los costes de explotación en 43,4 millones de euros e insiste en que va a tener que meter mano a las nóminas, aunque ha retirado la propuesta inicial.

En una reunión entre las centrales sindicales y el director adjunto, Javier García de Paredes, la caja reconoció ayer que aparca sus reivindicaciones y que "partirá de cero" la semana que viene, cuando empiece a negociar la letra pequeña. Las centrales no recibieron, como habían pedido, la relación de las remuneraciones de los directivos, que se ajustaron al alza el sueldo durante la fusión (los de Caixanova se equipararon a los de Caixa Galicia). Tampoco saben, aunque lo han solicitado en varias ocasiones, a cuánto asciende el plan de jubilación pagado por caja a personas clave que ya no están en la cúpula, como José Luis Méndez.

Las centrales no creen que la caja vaya a renunciar a recortes de personal

García de Paredes aseguró ayer que la empresa intentará buscar "el máximo consenso", en este proceso, y que no tomará decisiones sin contar con la representación de los trabajadores. Dijo que Novacaixagalicia tiene un "ambicioso proyecto", y que ese plan le obliga a rebajar los costes. Las centrales no quieren ni oír hablar de renuncias en la nómina porque, dicen, la plantilla ya ha sufrido lo suyo con los 1.200 despidos y con la suspensión temporal durante la vigencia de las ayudas públicas, de las retribuciones variables existentes en las cajas de origen. En 2010 los gastos de explotación de la entidad ascendieron a 951 millones de euros, de los que casi 600 millones correspondieron a la remuneración del personal.

UGT ha dado un paso más al presentar ante la dirección un documento donde se detallan hasta 26 áreas donde queda margen para evitar el despilfarro. Algunas son tan simples como reducir el consumo de papel, restringir los teléfonos móviles o dejar de contratar a empresas externas para que coloquen los carteles comerciales en las oficinas. Otras, como la integración inmediata de las fundaciones que gestionan la obra social, permitirían reducir los gastos generales a través de la venta de edificios, muchos de ellos emblemáticos, con la garantía de mantener el empleo. La central reclama que se reduzca el parque de coches oficiales y el tamaño de los órganos de gobierno. El sindicato sigue denunciando que Julio Fernández Gayoso, el presidente, y otros consejeros, no cumplen con la ley marco de las cajas, que establece como límite los 70 años para ejercer una vocalía. Ayer elevaron la reclamación a la Consellería de Facenda tras hacerlo hace un mes en los juzgados de Vigo.

En cuanto a los recortes, CIG desconfía de la retirada de las medidas. "Vendrán con otras. Lo único que quieren es hacer ver que la caja es apetecible para los inversores", denuncia Clodomiro Montero. Cree que el aumento de las dietas en el consejo de administración, que se repartieron el año pasado un millón de euros, no está justificado porque "muchos tienen coche oficial pagado por la caja".

García de Paredes quiso, sin embargo, dar una imagen de unidad. Llegó a mencionar que cualquier ajuste afectará a "todo el cuadro de personal", incluidos directivos. Pero fueron estos los que consolidaron una parte de su retribución variable durante la integración para no perderla.